Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a la Policía Nacional del Perú en la región Loreto. Cuatro efectivos del servicio de emergencia 105 fueron detenidos en Iquitos durante un operativo conjunto de la Fiscalía Anticorrupción y la propia institución policial, en el marco de una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio y falsedad ideológica.
La intervención incluyó la detención de tres suboficiales mientras se encontraban en pleno servicio, así como la captura de un cuarto agente en su vivienda. Además, se ejecutaron allanamientos como parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Según la hipótesis fiscal, los agentes habrían intervenido un motocarro y, tras ello, liberado al conductor luego de recibir un presunto soborno. Sin embargo, el vehículo no habría sido devuelto, lo que abre una línea de investigación sobre posible apropiación indebida.
A lo que voy es directo. No se trata solo de una coima puntual, sino de un uso irregular de una intervención policial que, en teoría, debía garantizar orden y legalidad. Cuando ese mismo procedimiento se convierte en una oportunidad de beneficio personal, el problema deja de ser individual.
Los cuatro efectivos permanecerán detenidos por un plazo de hasta 72 horas, mientras continúan las investigaciones a cargo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que sigue pendiente. Cómo fortalecer los mecanismos de control dentro de la institución policial y, sobre todo, cómo evitar que servicios clave como el 105 terminen asociados a prácticas que debilitan su credibilidad.
