Dos jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román – Juliaca, Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas, han sido temporalmente apartados de la judicatura tras una sentencia que ha generado fuertes controversias.
La medida cautelar 656-1-2023, emitida el pasado 25 de octubre, ordena su suspensión preventiva por seis meses en el ejercicio de cualquier cargo en el Poder Judicial.
Esta drástica decisión se fundamenta en la presunta falta muy grave en el desempeño de sus deberes, una situación que pone al ojo público al sistema judicial.
El Veredicto Controversial
El caso en cuestión involucra la absolución de una mujer acusada de lavado de activos y la devolución de once lingotes de oro, un dictamen que ha dejado perplejos a muchos.
Este adelanto de sentencia tuvo lugar el 25 de agosto de este año, después de una década de proceso judicial, y estuvo marcado por el voto disidente del juez Milton Huallpa Macedo, quien denunció públicamente una posible influencia económica en la decisión.
Riesgo para la Justicia
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial tomó esta medida tras un contundente informe de la jefa adjunta de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, Pilar Aguinaga López.
Según el informe, los jueces Paredes Mestas y Condori Chambi habrían incumplido gravemente sus deberes, poniendo en riesgo la integridad de la justicia y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Se señala que la continuidad en sus cargos representaría un peligro para la sociedad, dada la gravedad de las irregularidades presuntamente cometidas.
Cargos Graves
Los jueces enfrentan tres acusaciones de una gravedad considerable. La primera se refiere a la ley de extinción de dominio, que obliga a informar inmediatamente sobre bienes susceptibles de ser objeto de esta demanda.
En este caso, once lingotes de oro de alto kilataje, valuados en más de 3 millones de soles, fueron incautados en 2013, pero nunca se reportó este hallazgo a la Fiscalía.
Conclusiones y Futuro Inmediato
Esta suspensión, que marca el primer paso hacia una posible destitución, ha generado un impacto significativo en el sistema judicial.
Dos jueces supernumerarios, Ángela Diana Flores Flores y Eloy Huber Huaranca Rodríguez, han asumido sus funciones durante el periodo de suspensión.
La Fiscalía de Extinción de Dominio de Puno ha adelantado medidas, incautando los lingotes de oro y presentando las denuncias correspondientes.
En conclusión, el caso de los jueces Paredes Mestas y Condori Chambi no solo expone las presuntas irregularidades en su desempeño, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial.
Esta suspensión preventiva, respaldada por evidencia sustancial, subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia.
