El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó 36 meses de prisión preventiva contra Edwerson William Pacori Paricahua, Hardy Meyer Quispe Lipa, Alberth Dany Aguirre Carbajal y Yony Apaza Justo, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y otros ilícitos vinculados al denominado caso “Los Burros de la Corrupción”.
La medida fue emitida por el magistrado Yuol Riveros Salazar, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva.

Poder Judicial impone comparecencia con restricciones para otros cinco investigados
En la misma resolución, el órgano jurisdiccional dispuso comparecencia con restricciones para Ever Lucio Portada Mamani, Alex Carlos Álvarez Condori, Victoria Pamela Onofre Meza, Óscar William Cáceres Rodríguez y Jhordan Henry Tintaya Luchini, quienes deberán cumplir diversas reglas de conducta mientras continúe el proceso penal.
Entre las medidas impuestas figuran la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, la obligación de cumplir con el control biométrico, la prohibición de comunicarse con peritos y testigos vinculados a la investigación, además del pago de cauciones económicas.
Juzgado fija cauciones económicas
Como parte de las restricciones, el juzgado estableció el pago de cauciones para algunos de los investigados.
Las sumas fijadas fueron de S/5.000 para Alex Carlos Álvarez Condori, S/3.000 para Victoria Pamela Onofre Meza, S/10.000 para el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar William Cáceres Rodríguez, y S/3.000 para Jhordan Henry Tintaya Luchini.
El incumplimiento de las reglas impuestas podría motivar la revisión de las medidas cautelares, conforme a lo establecido por la legislación vigente.
Fiscalía investiga presunta red de corrupción
De acuerdo con la tesis presentada por el Ministerio Público, la presunta organización criminal estaría integrada por funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, abogados y otros investigados.
La investigación sostiene que los involucrados habrían favorecido a conductores que cometían infracciones de tránsito mediante el presunto cobro de dádivas, con el objetivo de evitar la imposición de sanciones administrativas.
No obstante, estos hechos forman parte de la investigación fiscal y deberán ser acreditados durante el proceso judicial correspondiente.
Juzgado evaluó elementos de convicción
Durante la audiencia, el juez concluyó que, respecto de los cuatro investigados que recibieron prisión preventiva, existen elementos de convicción que sustentan una sospecha grave, además de los demás presupuestos legales exigidos para imponer esta medida coercitiva.
En tanto, la situación jurídica de los demás investigados continuará bajo comparecencia con restricciones, mientras avanzan las diligencias dirigidas por el Ministerio Público.
