Juliaca, Puno. La preocupación de decenas de padres de familia de la Institución Educativa Túpac Amaru se trasladó a las calles. Este grupo realizó una protesta en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, exigiendo la inmediata destitución de una docente acusada de presunta violencia psicológica contra estudiantes del nivel primario.
De acuerdo con el testimonio de Salomón Paucar, padre de familia de un alumno de sexto grado, la situación habría escalado tras un incidente que involucró a su hijo. Según relató, la docente lo habría sujetado del brazo luego de que el menor se negara a autorizar la vacunación contra el sarampión, hecho que calificó como inapropiado y preocupante.
“Esto no es un caso aislado”, sostuvo el padre, al señalar que la misma profesora ya habría sido cuestionada en años anteriores por situaciones similares en otra institución educativa. En ese sentido, los manifestantes consideran que la docente debería ser retirada del aula y puesta a disposición de las autoridades de la UGEL San Román para las investigaciones correspondientes.
Falta de respuesta de la UGEL genera indignación
Los padres denunciaron además una presunta inacción por parte de la UGEL San Román, indicando que, pese a haber presentado sus reclamos, no han recibido una respuesta concreta hasta el momento. Esta situación, aseguran, viene afectando directamente a los estudiantes.
Según indicaron, varios escolares han dejado de asistir a clases por temor a la docente involucrada, lo que agrava el impacto educativo y emocional en los menores. “Nuestros hijos tienen miedo. Así no se puede aprender”, expresó uno de los manifestantes.
Exigen medidas urgentes
Ante este escenario, los padres de familia demandan una intervención inmediata de las autoridades educativas, así como garantías para la integridad física y emocional de los estudiantes. Consideran que el caso debe ser investigado con celeridad y transparencia, priorizando el bienestar de los menores.
La protesta en Juliaca vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y respuesta ante denuncias en el sector educativo, especialmente cuando se trata de posibles vulneraciones a los derechos de niños y adolescentes.
