Después de casi seis años de proceso judicial, el Poder Judicial ordenó la devolución de más de cuatro kilos de oro y una camioneta que fueron incautados durante un operativo policial realizado en el año 2020 en la carretera Interoceánica, en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro.
La decisión fue emitida por el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Puno mediante la resolución N.º 28-2026 del expediente 00040-2022, proceso seguido contra dos ciudadanos identificados con las iniciales J.P.G.B. y E.M.G.
Según el fallo judicial, la Fiscalía no logró acreditar que el material aurífero y el vehículo intervenidos tuvieran origen ilícito, motivo por el cual se declaró improcedente la demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público.
El caso se remonta a julio de 2020, cuando agentes policiales intervinieron una camioneta Toyota Hilux que transportaba 4 436 gramos de oro. Tras la intervención, la Fiscalía solicitó la incautación del material y del vehículo con el objetivo de que ambos bienes pasaran a favor del Estado peruano.
Sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa legal encabezada por el abogado David Calsina Santamaría presentó documentación y peritajes que, según sostuvo, demostraban la legalidad del oro y su procedencia de la empresa Unión Minera Hipasur S.A.C.
Entre las pruebas presentadas figuraban guías de remisión, informes técnicos y documentos relacionados con la concesión minera Puerto Belén, elementos que habrían permitido acreditar el origen formal del material aurífero.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juzgado dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y ordenó la devolución tanto del oro como del vehículo incautado.
El abogado defensor señaló que este fallo podría marcar un precedente importante para los pequeños mineros y operadores formales que enfrentan procesos similares relacionados con transporte y comercialización de material aurífero.
Asimismo, explicó que los bienes aún permanecen bajo la vía penal, aunque precisó que, al no haberse acreditado delito alguno, corresponde su devolución definitiva a los propietarios.
El caso ha generado reacciones en el sector minero de la región Puno, donde dirigentes y trabajadores vinculados a la minería artesanal consideran que la resolución judicial representa un respaldo a quienes operan dentro de los marcos establecidos por la ley.
