Hay decisiones judiciales que no devuelven la vida perdida, pero al menos interrumpen la impunidad. En Juliaca, la justicia ha dado un primer paso en un caso que estremeció a la ciudad y volvió a desnudar una verdad incómoda: el alcohol al volante sigue matando, y lo hace con una frecuencia brutal.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca, a cargo del juez César Augusto Pineda Fernández, dictó seis meses de prisión preventiva contra Luis David Fernández Lima, investigado por los presuntos delitos de homicidio simple y fuga del lugar del accidente, en agravio de los herederos legales del menor E.H.O.A.A., de apenas ocho años.
El hecho: alcohol, velocidad y huida
Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre, alrededor de las 10:00 de la mañana. Fernández Lima, según la investigación fiscal, embistió violentamente una motocicleta en la que se desplazaba Óscar Aquino V. junto a sus dos hijos menores. El impacto fue devastador. Uno de los niños murió. El conductor no se detuvo. Huyó.
El dato más elocuente —y más indignante— surgió del dosaje etílico: 1.76 gramos de alcohol por litro de sangre. No fue un descuido. No fue un error. Fue una decisión tomada con plena conciencia del riesgo.
Las pruebas y el peligro de fuga
Durante la audiencia, el juzgado evaluó graves y fundados elementos de convicción: pericias técnicas, registros de video, el dosaje etílico y otros medios probatorios que vinculan directamente al imputado con el hecho. El magistrado también consideró el peligro de fuga, un factor clave para imponer la medida coercitiva.
Por ello, se ordenó que el investigado cumpla la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente, mientras se desarrollan las diligencias dentro del plazo legal de investigación.
Justicia que llega tarde, pero debe llegar
Esta resolución no borra el dolor de una familia ni devuelve al niño que ya no volverá a casa. Pero marca un mensaje mínimo, aunque necesario: conducir ebrio y huir no puede seguir siendo una costumbre tolerada.
El Poder Judicial sostuvo que la medida responde a su deber de proteger el derecho fundamental a la vida, garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y respetar el debido proceso frente a hechos de extrema gravedad que golpean a la ciudadanía.
En Juliaca, un niño murió.
En Juliaca, una familia quedó rota.
Y ahora, al menos, el responsable no está libre.
