Acaso peor celebración por el día del campesino, que decirles a las comunidades que sus territorios serán desmembrados para entregárselos a terceros. Este 24 de junio, en lugar de celebrar, los comuneros salieron a reclamar, con justo derecho que el estado, a través de la ley 32293, aprobado por este congreso y gobierno moralmente innombrable, se ha decidido despojar de manera encubierta a las comunidades campesinas.
El caso es que, bajo esta ley, que sabe Dios a que grupo de interés o transnacional beneficiará, se autoriza la formalización individual de lotes ubicados en tierras comunales, con lo que las tierras de las comunidades serán cedidas a favor de terceros. La única alternativa para que las comunidades se salven de esta triquiñuela legal, es que demuestren con papales que son reconocidos y tienen la condición de pueblos indígenas u originarios o hayan interpuesto acciones legales antes del 2015.
Pero, justamente aquí esta la perfidia, resulta que varias comunidades puneñas que evidente y probadamente son originarias, no han sido declaradas como tales por el Ministerio de Cultura. Desde hace varios años este Ministerio se ha comportado como un zorro ponzoñoso, ya que ha venido silenciosamente entorpeciendo y postergando el reconocimiento de las comunidades campesinas como pueblos indígenas u originarios. En especial en Puno, donde la mayoría que son aymaras o quechuas, demuestran claramente ser originarias.
Este Ministerio, en lugar de facilitar este reconocimiento, ha creado más bien una telaraña de requisitos direccionados que la mayoría de comunidades no ha podido cumplir. Y no se ha podido cumplir no por falta de identidad cultural, sino por acciones históricas negativas provocadas e implementadas por el propio Estado, como la castellanización forzada, que a las finales impiden que las comunidades sean reconocidas como originarias. Entonces, no es casual que tantas comunidades no figuren en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas. Y tampoco es casual que se apruebe justamente ahora esta parodia legal para permitir que terceros se titulen en tierras comunales. Todo estaba cantado y orquestado desde mucho tiempo atrás.
Personalmente, no me quepa la menor duda de que todo esto es un despojo encubierto. Y la lógica es simple: mientras el Estado no te reconoce como comunidad indígena, entonces tus tierras comunales pueden ser parceladas y registradas a nombre de terceros. Es decir, primero te niego el aspecto cultural y luego te quito territorio por vía legal. Qué astutos ¿no? Y todo en nombre del «ordenamiento territorial» o la «seguridad jurídica».
Lo peor de todo es que las comunidades como no son reconocidas como originarias, no pueden ni tienen derecho a una consulta previa, o a la protección de sus territorios, ni a la defensa de sus derechos colectivos. De modo que los han dejado al aire y sin defensa. Simplemente porque a juicio de los funcionarios del ministerio y sus requisitos direccionados las comunidades no son originarias, muy a pesar que a todas luces lo son. Vaya sorpresa de aniversario, parece la cobarde y sorpresiva declaración de guerra de Israel a Iran.
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