Un reciente artículo académico volvió a colocar a la cuenca Llallimayo y al Grupo Aruntani en el centro del debate ambiental en el sur del Perú. Bajo el título “Aruntani, la red de la impunidad: extractivismo minero del oro, contaminación y redes empresariales”, la investigación analiza presuntos impactos asociados a la actividad minera y plantea cuestionamientos sobre la estructura empresarial vinculada a este conglomerado.
La publicación aparece en un contexto marcado por protestas sociales y crecientes demandas de remediación ambiental en la provincia de Melgar, donde comunidades continúan denunciando el deterioro de fuentes hídricas y afectaciones ambientales en la cuenca Llallimayo.
Investigación analiza operaciones de Arasi y presuntos impactos ambientales
El estudio centra su análisis en las operaciones de la unidad minera Arasi y en las redes empresariales relacionadas con el Grupo Aruntani, al que atribuye un modelo extractivo con impactos ambientales acumulativos.
De acuerdo con el documento, existirían afectaciones en ríos, aguas subterráneas, sedimentos y suelos, además de procesos asociados al drenaje ácido de mina y presuntos vertimientos sin autorización.
La investigación sostiene que diversos informes y evaluaciones ambientales desarrollados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) habrían identificado responsabilidad empresarial en episodios de contaminación registrados en la cuenca Llallimayo.
Estas referencias son utilizadas por los autores para examinar el alcance ambiental y regulatorio de las actividades mineras desarrolladas en la zona.
Artículo plantea existencia de estructura empresarial fragmentada
Uno de los principales planteamientos del texto académico se relaciona con la configuración empresarial atribuida al Grupo Aruntani.
Según los investigadores, existiría una red societaria fragmentada y compleja que habría permitido distribuir operaciones y responsabilidades entre distintas empresas vinculadas al grupo.
Desde esta perspectiva, el artículo argumenta que dicha estructura habría dificultado la identificación clara de responsabilidades ambientales y favorecido escenarios de impunidad corporativa en diferentes territorios del país.
No obstante, estas conclusiones forman parte del análisis planteado por los autores y se presentan dentro del marco académico de la investigación difundida.
Impactos ambientales y conflicto social trascienden Puno
El documento advierte además que los cuestionamientos ambientales vinculados al Grupo Aruntani no se limitarían a Puno.
Según el estudio, existirían antecedentes y observaciones relacionadas con operaciones o impactos en regiones como Moquegua, Cusco, Ayacucho y Apurímac, ampliando el debate sobre los efectos sociales y ambientales de la minería extractiva en el sur peruano.
La publicación busca aportar elementos de análisis sobre la relación entre actividad minera, regulación ambiental y conflictividad social, especialmente en escenarios donde comunidades reclaman mayor fiscalización y medidas de remediación.
Mientras tanto, la situación en la cuenca Llallimayo continúa siendo uno de los conflictos socioambientales más sensibles de la región Puno, donde persisten pedidos de intervención estatal y respuestas concretas frente a las denuncias de contaminación.
