Al menos diez distritos de la región Cusco reciben importantes transferencias financieras por actividades vinculadas a la minería y a la explotación del gas de Camisea. Son localidades ubicadas en las provincias de La Convención, Espinar y Chumbivilcas.
Megantoni, en La Convención, cuya población está conformada en gran parte por comunidades indígenas con poco más de 16 mil habitantes, recibe alrededor de S/125 millones anuales. Un ejemplo de cómo la explotación de recursos naturales puede convertir a un municipio pequeño en un gobierno con una capacidad presupuestal excepcional. También se benefician los distritos de Echarati, con más de S/66 millones para obras en una población de un poco más de 20 000 personas; Pichari, con más de S/114 millones para 22 000 pobladores; y Quimbiri, con más de S/64 millones para 16 000 habitantes.
En Espinar, el municipio provincial recibe casi S/100 millones y los distritales de Coporaque y Pallpata, alrededor de S/13 millones cada uno. En Chumbivilcas, Santo Tomás maneja más de S/80 millones, Livitaca cerca de S/58 millones y Velille más de S/26 millones.
A nivel nacional hay otro grupo de distritos que poseen reservas de minerales y reciben cada año millones de soles por concepto de regalías, canon, regalías contractuales y renta. El dinero, de acuerdo con la Ley de Canon, deber servir para cerrar brechas. Sin embargo, los objetivos de reducirlas todavía están lejos de ser alcanzados por el uso poco eficiente de los recursos, la falta de priorización de obras y la atomización del presupuesto en proyectos pequeños.
Este año, los distritos mineros y gasíferos han recibido transferencias mayores a las de años anteriores, impulsadas por el comportamiento de los precios de los minerales. En 2027, podría aumentar más por el boom de los costos.
A dónde va el dinero
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, dijo que existe una desconexión entre los ingresos extraordinarios del canon y regalías y las necesidades básicas que todavía no se resuelven. Municipios con presupuestos millonarios construyen estadios, plazas y losas deportivas mientras parte de su población sigue sin acceso, por ejemplo, a agua potable.
Por eso, esa bonanza, no se refleja necesariamente en mejores servicios públicos para las poblaciones. “El dinero llega a las cuentas de los gobiernos regionales y municipales, pero no siempre termina convertido en bienestar”, refiere.
El exministro identifica varios problemas. Uno de los más importantes es que la autonomía de los gobiernos subnacionales permite que sus autoridades definan prioridades de inversión que no siempre responden a las carencias. “Los municipios destinan millones a infraestructura recreativa mientras sus habitantes carecen de agua potable durante las 24 horas del día”, dijo. Precisó que no es que los espacios deportivos o las plazas sean innecesarios, sino en que esas inversiones desplazan a otras más urgentes.
Otro problema, según Castilla, es la ejecución de obras por administración directa para contratar directamente a trabajadores, operadores y maquinaria, lo que puede convertirse en un mecanismo de generación de empleo público con fines clientelares y abrir espacios para irregularidades y corrupción.
Para Henry Delgado Urrutia, docente universitario y exprocurador anticorrupción del Cusco, hay otras dos razones que conducen al mal uso de los recursos: la falta de profesionales y técnicos capacitados y la ausencia o insuficiente fiscalización al gasto municipal.
Para evitar la corrupción, sostiene Delgado Urrutia, debe subsanarse esa ausencia en fiscalización. “En estos lugares donde tienen bastante presupuesto, considero que debe haber una fiscalización a través de órganos de control de manera permanente. La Contraloría no tiene que ser un mero observador dentro de la gestión presupuestaria, porque estamos hablando de millones de soles. Si no tiene que ser permanente y si tiene que haber un control concurrente”, dijo.
En ese sentido, Delgado consideró que las nuevas autoridades tienen el reto de usar el dinero con eficiencia y transparencia. Evitar lo que se ha convertido en un suceso recurrente en regiones donde autoridades son investigadas o encarceladas por actos de corrupción.
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