En Yunguyo se investiga el caso de un menor de 13 años con retraso mental, quien fue agredido sexualmente en Copani mientras asistía a clases. La intervención conjunta de la Defensoría del Pueblo y la Dirección Regional de Educación ha permitido asignarle una abogada especializada y garantizar la asistencia de docentes durante su proceso de recuperación.
Según informó Edson de Amat Apaza, director regional de Educación, la gravedad de las lesiones podría requerir el traslado del menor a un centro hospitalario en Lima o Arequipa, situación que podría interrumpir su educación. Sin embargo, para mitigar este impacto, se ha dispuesto que el niño, quien cursa primer grado, reciba clases personalizadas en el hospital a cargo de un profesor designado especialmente para su caso. Además, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, se cuenta con el apoyo de tres docentes especializados, asegurando que su formación continúe de manera integral pese a las circunstancias.
La denuncia del suceso fue realizada por la abuela paterna del menor, una acción que ha evitado que el crimen quede impune. Las investigaciones actuales se centran en determinar posibles negligencias del personal escolar, ya que la falta de supervisión pudo haber facilitado la agresión.
Mientras se esperan los informes médicos que definirán el alcance del daño, la abogada asignada por la Defensoría del Pueblo sigue de cerca el caso desde el hospital. De Amat Apaza aseguró que, de confirmarse irregularidades en la supervisión escolar, se aplicarán las sanciones correspondientes y se tomarán las medidas legales pertinentes.
Este caso destaca la importancia de brindar un apoyo integral a los menores en situación de vulnerabilidad, garantizando no solo su recuperación física y emocional, sino también la continuidad de su educación. Las autoridades han manifestado su compromiso de coordinar con las familias y reforzar los protocolos de seguridad en las instituciones educativas, a fin de prevenir futuros incidentes y proteger a los niños.
