Los constantes accidentes registrados en socavones mineros de Puno y otras regiones del país vuelven a poner en evidencia las graves condiciones laborales en las que operan miles de trabajadores vinculados a la minería informal e ilegal. Derrumbes, explosiones y exposición a gases tóxicos continúan cobrando vidas en zonas donde la falta de fiscalización y seguridad sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026 en la comunidad de Santa Rosa de Poquera, en La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, Puno. Dos trabajadores fallecieron aplastados por rocas dentro de un socavón perteneciente a la contrata minera “Duende”, mientras realizaban labores de extracción.
Según relataron sus compañeros, el derrumbe ocurrió de manera repentina en el interior de la mina. Aunque ambos mineros fueron trasladados de emergencia a un centro de salud de la zona, llegaron sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, sus cuerpos fueron llevados a la morgue de Juliaca.
La tragedia reavivó el debate sobre las precarias condiciones de seguridad en las minas subterráneas de Puno, donde los accidentes por desprendimientos de rocas y colapsos de socavones son frecuentes. Y no se trata de un caso aislado.
Accidentes mineros se repiten en varias regiones del país
En Huánuco, recientemente dos trabajadores murieron aplastados dentro de un socavón informal ubicado en el sector Rondoni, distrito de Cayna, provincia de Ambo. Mientras tanto, en Cajamarca, tres personas resultaron gravemente heridas tras una explosión de gases registrada el pasado 5 de mayo en una mina ilegal de la provincia de Hualgayoc.
La situación también se replica en zonas ubicadas entre Arequipa y Ayacucho. Mario, un joven de 22 años que trabaja desde hace tres años en una mina informal, contó que hace algunos meses sobrevivió por segundos luego de que una enorme roca cayera cerca de él mientras extraía mineral.
“Solo me dijeron que regresara cuando estuviera mejor”, relató el trabajador, quien aseguró que no recibió apoyo económico ni atención médica tras el accidente.
Jornadas extremas y ausencia de derechos laborales
Especialistas advierten que los socavones ilegales suelen operar sin condiciones mínimas de seguridad. Muchos trabajadores cumplen jornadas de entre 12 y 17 horas diarias en espacios reducidos, húmedos y con poca ventilación, expuestos permanentemente al uso de explosivos, derrumbes y gases tóxicos.
A ello se suma la ausencia de derechos laborales básicos. La mayoría no cuenta con contratos formales, seguro de salud, vacaciones ni compensaciones económicas ante accidentes.
Según la Defensoría del Pueblo, la minería informal e ilegal se ha expandido en al menos 21 regiones del país, afectando principalmente zonas como Puno, Madre de Dios y Loreto.
Diversos estudios sobre campamentos mineros también revelan altos niveles de exposición al mercurio y otros químicos contaminantes, además de deficientes condiciones sanitarias y falta de acceso a servicios básicos como agua tratada y electricidad permanente.
Especialistas alertan sobre abandono estatal
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo advirtió anteriormente que la minería ilegal vulnera derechos laborales, afecta la productividad y genera graves impactos económicos y ambientales.
En tanto, el investigador puneño Elmer Mamani documentó las condiciones extremas que enfrentan los llamados “cachorreros” de La Rinconada, trabajadores que laboran sin salario fijo y dependen únicamente de la posibilidad de hallar oro para obtener ingresos.
Muchos de ellos trabajan expuestos a residuos tóxicos, temperaturas extremas y permanentes riesgos de derrumbe.
Por su parte, el abogado y especialista ambiental César Ipenza alertó sobre las consecuencias socioambientales de esta actividad, especialmente por el uso indiscriminado de mercurio y la falta de control estatal en zonas de extracción ilegal.
Puno concentra una preocupante lista de tragedias mineras
Solo en enero de 2025, tres trabajadores murieron por asfixia e intoxicación con gases tóxicos en la mina Candelaria, ubicada en el distrito de Vilque. En 2023, siete mineros fallecieron en la mina “Lago de Oro” de La Rinconada y otros cuatro trabajadores murieron aplastados en la bocamina Santa María – Lunar de Oro.
Las cifras reflejan una realidad alarmante: cientos de trabajadores continúan ingresando diariamente a socavones inseguros, muchas veces sin supervisión ni equipos adecuados de protección.
Mientras las tragedias se repiten en distintas regiones del país, especialistas coinciden en que urge fortalecer la fiscalización estatal, mejorar las condiciones laborales y combatir el crecimiento de la minería ilegal e informal que sigue cobrando vidas en el Perú.
