La minería ilegal se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad, el medio ambiente y la institucionalidad del país, superando incluso al narcotráfico en volumen económico, según alertó el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), entidad que sostiene que el próximo gobierno deberá tomar una decisión política clave: combatir con firmeza esta actividad o permitir su expansión.
La advertencia surge en un contexto donde regiones como Puno evidencian el crecimiento sostenido de la minería informal e ilegal, particularmente en provincias como Carabaya, Sandia y San Antonio de Putina, territorios donde la extracción aurífera ha dejado impactos ambientales, conflictos sociales y economías paralelas vinculadas a actividades ilícitas.
De acuerdo con el OMI, los primeros 100 días de gestión presidencial serán determinantes para definir el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo cuya continuidad continúa generando debate.
Puno enfrenta efectos de minería descontrolada
Uno de los escenarios más representativos de esta problemática es La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, considerada entre los asentamientos mineros más altos del mundo.
En esta localidad, la minería desarrollada sin controles efectivos ha derivado en contaminación ambiental, crecimiento urbano desordenado, precariedad de servicios básicos y la aparición de delitos asociados como trata de personas y violencia.
Para el exdirector regional de Energía y Minas de Puno y docente universitario Américo Arizaca Ávalos, el nuevo reglamento de la Ley N.° 32213 no contribuye al ordenamiento del sector.
“En vez de ordenar el proceso, lo ha complicado”, cuestionó el especialista al referirse a las nuevas disposiciones relacionadas con la formalización minera.
Arizaca expresó además preocupación respecto a la posibilidad de transferir o heredar el REINFO, pese a que desde el Ejecutivo se había anunciado que el mecanismo no tendría nuevas ampliaciones.
“Da la impresión de que esto es permanente, cuando se supone que debía concluir el 31 de diciembre”, sostuvo.
Especialistas cuestionan centralización del proceso
El especialista advirtió además que el reglamento incrementaría la burocracia y trasladaría trámites hacia Lima, afectando directamente a pequeños productores de zonas alejadas.
“¿Cómo no va a afectar? Ahora el proceso se traslada a Lima, a la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio”, señaló.
Según indicó, distritos y corredores mineros como San Gabán y Carabaya podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder a procesos formales, situación que generaría nuevas tensiones en regiones donde la minería constituye una actividad económica predominante.
Observatorio plantea cierre definitivo del REINFO
Frente a este panorama, el Observatorio de Minería Ilegal presentó diez propuestas dirigidas al próximo gobierno para frenar el avance de esta economía ilícita.
El especialista César Ipenza advirtió que la minería ilegal moviliza actualmente alrededor de 11.500 millones de dólares anuales, además de mantener vínculos con delitos como corrupción, lavado de activos y trata de personas.
Entre las medidas planteadas destaca el cierre definitivo del REINFO, bajo el argumento de que el instrumento terminó facilitando operaciones sin controles adecuados.
La propuesta contempla evitar nuevas ampliaciones y establecer un régimen temporal que permita culminar la formalización minera de manera definitiva.
Asimismo, el OMI propone aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que quienes desarrollen actividad minera en zonas prohibidas asuman consecuencias penales y civiles por los daños ocasionados.
El organismo recordó además que el Tribunal Constitucional recomendó eliminar la exención de responsabilidad penal para mineros inscritos en el REINFO, recomendación que hasta ahora no ha sido implementada.
Falta de propuestas genera preocupación electoral
Otro de los cuestionamientos del Observatorio apunta a la limitada respuesta institucional frente al problema.
Según el OMI, el Ministerio Público enfrenta limitaciones presupuestales para combatir redes de minería ilegal, mientras persisten denuncias sobre presuntos actos de corrupción vinculados a procesos de formalización minera.
Entre las propuestas también figura la eliminación progresiva del uso de mercurio hasta su prohibición total en 2030 y la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para fortalecer la trazabilidad del oro.
El observatorio observó además vacíos en los planes de gobierno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, respecto a medidas concretas para enfrentar la minería ilegal y resolver el futuro del REINFO.
Para César Ipenza, esta ausencia de propuestas genera incertidumbre sobre la voluntad política para enfrentar una economía ilícita que se ha expandido en distintas regiones del país.
“El próximo gobierno deberá decidir si enfrenta con firmeza a una economía ilícita que ya se ha instalado en varias zonas del país o si permite que continúe creciendo en medio de impunidad y corrupción”, advirtió.
