Una nueva controversia envuelve al Ministerio del Interior (Mininter) tras la adjudicación de un millonario contrato para la compra de 44 vehículos motobombas antidisturbios, conocidos popularmente como “rochabuses”. La empresa turca Katmerciler denunció ante los órganos de control que el proceso habría favorecido a una compañía de Emiratos Árabes Unidos, pese a que su propuesta económica era considerablemente más alta.
La adquisición forma parte del proyecto de “Mejoramiento del Servicio de Control de Multitudes y Disturbios Civiles” de la Policía Nacional del Perú (PNP) y contempla la compra de unidades blindadas 4×4 y 4×6 destinadas al control de manifestaciones y situaciones de orden público.
Empresa turca denuncia presunto favorecimiento
La compañía Katmerciler presentó una carta ante la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio del Interior, en la que cuestiona la actuación de funcionarios de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), entidad encargada de conducir la licitación internacional.
Según la denuncia, durante la etapa de evaluación técnica no se habrían considerado documentos que acreditaban la experiencia de la empresa turca, lo que habría significado la pérdida de 40 puntos en la calificación final.
El presidente ejecutivo de Katmerciler, Mehmet Katmerci, sostuvo que la omisión habría colocado a la compañía en una posición desfavorable frente a International Armored Group (IAG), firma con sede en Emiratos Árabes Unidos que finalmente obtuvo la buena pro.
De acuerdo con el documento remitido a la OCI, la empresa considera que la evaluación fue realizada de manera parcializada y solicita que se investigue la legalidad del procedimiento.
Oferta turca era más económica
Los documentos del proceso muestran que Katmerciler presentó una propuesta de US$ 24 millones 499 mil para la adquisición de los 44 vehículos antidisturbios.
Por su parte, International Armored Group ofertó US$ 25 millones 247 mil 575, es decir, aproximadamente US$ 748 mil más que la propuesta turca.
La diferencia económica ha generado cuestionamientos debido a que, según la empresa denunciante, la adjudicación de una propuesta más costosa podría representar un eventual perjuicio para los recursos públicos si se confirma que existieron irregularidades en la evaluación.
Licitación supera los US$ 25 millones
La convocatoria internacional fue lanzada por el Ministerio del Interior el 6 de mayo de 2026 y contó con la participación de empresas provenientes de distintos países.
Entre los postores figuraron el Consorcio Daeji-Hyundai de Corea del Sur, Katmerciler de Turquía, Mingguang Haomiao Security Protection Technology Corporation de China, Miaga SAS de Colombia e International Armored Group de Emiratos Árabes Unidos.
La adquisición forma parte de un programa valorizado en aproximadamente US$ 30 millones orientado a fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional para el control de disturbios y grandes concentraciones de personas.
Contraloría deberá evaluar las denuncias
En su comunicación dirigida a la Oficina de Control Institucional, la empresa turca sostiene que la falta de puntaje en el rubro de experiencia habría alterado el resultado final del concurso.
Katmerciler también solicitó que se revise el proceso de evaluación para determinar si existió algún tipo de favorecimiento indebido hacia la empresa finalmente adjudicada.
Hasta el cierre de la información, el Ministerio del Interior no había emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones formuladas por la firma turca.
Cambio de funcionarios genera nuevas interrogantes
La controversia también ha puesto atención sobre recientes cambios en la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter.
Fuentes vinculadas al proceso señalan que durante la gestión de Gustavo Chamorro Meza, quien estuvo al frente de la OGAF hasta inicios de mayo de 2026, no se concretó la adjudicación del contrato.
Posteriormente, tras su salida del cargo, fue designado Ítalo Gerardini Panez, bajo cuya gestión se concretó la adjudicación de la compra de los vehículos antidisturbios.
La Contraloría y los órganos de control serán los encargados de determinar si el proceso se desarrolló conforme a la normativa vigente o si existieron irregularidades que ameriten acciones administrativas o legales.
