En un pronunciamiento conjunto, los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, Fiscales Provinciales, así como los coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales del Ministerio Público, han expresado su rechazo a un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para otorgar nuevas facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la conducción de investigaciones preliminares.
Según los representantes del Ministerio Público, esta propuesta vulnera la Constitución y afecta directamente las funciones de los fiscales. Por ello, instan a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a observar y rechazar dicha iniciativa legislativa.
Pronunciamiento del Ministerio Público:
- Vulneración de funciones constitucionales: El proyecto de ley propuesto restringe las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, las cuales incluyen la conducción de las investigaciones desde su inicio. Esto afecta el derecho al debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, ignorando lo estipulado en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, que otorga al Ministerio Público el liderazgo en la investigación de delitos.
- Inconstitucionalidad de la reforma: El traspaso de la dirección de la investigación delictiva a la PNP, que depende del Poder Ejecutivo, pone en peligro la objetividad de las investigaciones, particularmente en casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel. Esta medida incrementaría el riesgo de impunidad.
- Llamado a los poderes y organismos del Estado: El Ministerio Público invoca a los poderes del Estado, a los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de este proyecto de ley.
- Exhortación a la presidenta de la República: Se solicita a la presidenta Dina Boluarte que, en el marco de sus facultades constitucionales, observe este proyecto de ley que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la legalidad y los derechos de la sociedad.
Este pronunciamiento refleja la preocupación de los fiscales sobre los peligros que podría acarrear la aprobación de esta iniciativa, que consideran un retroceso en la independencia del sistema judicial del país.
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