Los diferentes gremios sociales que se autoconvocaron en la ciudad de Puno desde tempranas horas todas las actividades de diferentes rubros fueron paralizadas, luego se realizaron bloqueos por piquetes en los diferentes puntos de la ciudad lacustre y finalmente la jornada concluyó con una masiva marcha.
De manera organizada, las calles amanecieron bloqueadas y otras desiertas. Los gremios de los transportistas apoyan en 100% bloqueando así con sus unidades móviles las principales entradas a la ciudad de Puno.
Los gremios sociales como la Central de Barrios, Frente de Organizaciones Populares (FOP), estudiantes de la UNA Puno, los mercados cerraron sus puertas, transportistas, bloquearon los ingresos norte y sur de la ciudad de Puno en los sectores de Yanamayo y Salcedo respectivamente.
Los dirigentes, estudiantiles, sindicales y barriales, indicaron que las paralizaciones van a ser contundentes, a pesar de que el Gobierno decretó el Estado de Emergencia por 30 días.
César Tito Rojas, dirigente de Sutep, anunció que las medidas de lucha seran más contundentes, pues desde la madrugada tomarían las principales vías de comunicación.
“Rechazamos el estado de emergencia porque la protesta es un justo derecho. Este es un gobierno ilegítimo que enerva al pueblo con la salida de las Fuerzas Armadas y la Policía, no tenemos miedo”, indicó.
Tito Rojas también indicó que si hubiera voluntad de oír al pueblo, se hubiera instaurado una junta transitoria de gobierno para encaminar la asamblea constituyente.
“Dina Boluarte se ha olvidado de sus promesas en campaña, ahora solo está emulando un gobierno de la derecha. Debe renunciar para dar paso a nuevas elecciones”, añadió.
El dirigente del Sutep puntualizó sobre la destitución de Pedro Castillo era un plan orquestado por las grandes empresas que buscaban renovar sus contratos con el estado.
“El 2023 se firma la renovación de los grandes contratos con las transnacionales, no es coincidencia, por eso han sacado del camino a Pedro Castillo”, agregó.
El descontento contra el gobierno de Dina Boluarte a quien consideraron usurpadora; exigieron el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones en un breve plazo, la liberación de Pedro Castillo.
A estas demandas añadieron la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, a quienes consideraron, elementos que irradian injusticia en vez de justicia.
