Horas antes de acabar el año 2025, un socavón de una concesión minera en la localidad de Vijus, en la provincia de Pataz/La Libertad, se convirtió en el escenario de una nueva masacre. Según manifestó el alcalde provincial Aldo Mariño, en base a información preliminar de la PNP, más de 13 personas habrían sido asesinadas en un enfrentamiento. (El Comercio, 01/01/2026).
Sí esa execrable masacre fuese real, no solo sería la tercera que ocurre en Pataz, sino que esta provincia seria la zona del mayor número de masacres del país por ataques y/o enfrentamientos entre grupos armados por la disputa de labores mineras (socavones), o del material aurífero y del oro extraido en la minería ilegal de este metal.
Asimismo, si bien aún hay que confirmar el grosor real de la misma (los13 muertos y dos heridos dentro del socavón son datos provisionales), el solo hecho que haya ocurrido la muerte de tres personas y otras siete estén dentro del socavón es la muestra más clara del fracaso absoluto del estado de emergencia y la creación del Comando Unificado, creado por la expresidente Dina Boluarte. No frenaron la guerra del oro que se configuró entre 2023 y 2025 y la conversión de Pataz en una «zona liberada» de grupos criminales.
También demuestra que el eslogan adoptado por el fantoche de Jerí, «El Perú a toda máquina», no solo coincidió con el choque de máquinas de trenes en la vía a Machu Picchu, sino también quizá la mayor minero-masacre que ha ocurrido en un contexto del mayor ascenso de la minería ilegal del oro en la historia humana.
En efecto, hasta diciembre, la onza de oro llegó a costar U$4,600 y, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), logró mover 14 mil millones de dólares. ¿Qué nos indican esas cifras? Que la guerra del oro seguirá siendo -después de la extorsión y el narcotrafico- uno de los factores de homicidios por sicarios, masacres y enfrentamientos armados entre grupos armados y paramilitares por cargas de oro y por labores mineras.
Jaime Antezana Rivera
