En una apasionada intervención durante su juicio oral, el expresidente Pedro Castillo declaró sentirse «injustamente preso» y denunció la exclusión histórica de los pueblos indígenas y campesinos en la Constitución actual.
El exmandatario, procesado por rebelión y otros delitos tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, cuestionó la legalidad del proceso en su contra y reafirmó su llamado a una Asamblea Constituyente.
«¿Dónde está la Constitución? ¿Dónde está el derecho?», preguntó Castillo ante el tribunal. «Fui elegido por más de 9 millones de peruanos porque el pueblo necesita su primera Constitución, una que nunca ha tenido».
El exgobernante insistió en que su propuesta de reforma constitucional respondía al clamor de las mayorías excluidas, como las comunidades quechua, aimara y amazónicas.
Castillo rechazó las acusaciones de que buscaba instaurar un «gobierno comunista» aliado a Venezuela o Cuba, calificándolas como una invención de los «grupos de poder». Además, desafió a los jueces a juzgarlo «en cualquier lugar del país» y no solo desde «el mundo de la legalidad».
El juicio, iniciado el 4 de marzo, se desarrolla tres años después de la crisis política que culminó con su destitución y arresto. La Fiscalía lo acusa de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
Mientras tanto, sus seguidores ven en el proceso una persecución política, mientras sus críticos exigen justicia por lo que consideran un quebrantamiento del orden democrático.
La defensa de Castillo anunció que presentará nuevos testimonios para demostrar que su intento de cerrar el Congreso fue una respuesta a lo que él llama un «golpe institucional». El caso sigue polarizando al Perú, con protestas esporádicas de sus simpatizantes, quienes insisten en que su encarcelamiento es una muestra de la desigualdad que él denunció.
