Los abogados y deudos de los heridos y fallecidos en la masacre del 09 de enero, viajaron a la ciudad de Lima, para denunciar irregularidades y lentitud en la investigación fiscal, también demandaron la creación de la fiscalía de Derechos Humanos en la región de Puno.
El abogado Wilmer Quiroz, informó que hasta la fecha, la Segunda Fiscalía Penal, a cargo del fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua, solo se ha limitado en enviar oficios y recabar información.
“Recién el viernes pasado, se realizó la visualicen de los videos recabados en las cercanías del aeropuerto internacional, Inca Manco Capac, y el centro de la ciudad de la Juliaca”, señaló el letrado.
“Únicamente llegaron las pericias toxicológicas, las pericias de absorción atómica y de los protocolos de necropsia. Son 7 tomas hasta el momento. Sin embargo faltan pericias importantes como la pericia balística, pericia psicológica, la declaración de los efectivos policías y de las fuerzas armadas; de cómo han intervenido en Juliaca.
Fiscalía no ha citado a ninguno de los agravias. ¿Cómo se realizan las indagaciones en materia penal?, se precisa de la participación de los agraviados, de los actores principales y solo de acuerdo a ello, la fiscalía puede iniciar una investigación acorde a la violación de derechos que se ha suscitado y se pueda buscar la sanción de los responsables.
Un hecho irregular es que la investigación fiscal, dice “a los que resulten responsables”, ¿se puede negar la participación de la policía en la muerte de los ciudadanos de Juliaca?, consideramos que no”, denunció el abogado.
Posteriormente señaló que los familiares de las víctimas, piden la apertura de investigación fiscal contra los jefes operativos, y principalmente contra el suboficial Juan Manuel Pedrera Ruiz, jefe de la DINOES, a cargo de la seguridad del aeropuerto Inca Manco Capac.
Uno de los pedidos de los abogados, es la implantación de la fiscalía de Derechos Humanos para que los hechos ocurridos el 09 de enero, sean investigados por una fiscalía competente al caso, ya que consideran que hubo violación a los derechos humanos.
También piden que la policía y el ejército entreguen a la fiscalía la orden de operaciones con la que realizaron las intervenciones en Juliaca.
Asimismo, piden la entrega de las pericias balísticas, y más recursos para que la Segunda Fiscalía Penal de San Román, pueda agilizar las investigaciones.
18 muertos y 204 heridos
Según la Asociación de los Mártires del 09 de enero, la represión policial y militar dejó en la provincia de San Román, 18 civiles muertos y 204 heridos.
Uno de los representantes de la organización, informó que en realidad, hay más heridos. Muchos de ellos, se atendieron en clínicas privadas o en sus domicilios por temor a ser denunciados y/o ser hostigados por el gobierno.
