El plazo ha vencido. La carta notarial enviada por el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, al rector de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Paulino Machaca Ari, exigiendo una rectificación pública por vincularlo presuntamente con traficantes de terrenos, no tuvo respuesta. Ahora, la amenaza de una demanda millonaria pende sobre el conflicto, pero la justicia peruana podría tener otra palabra.
¿Qué dijo Paulino Machaca? ¿Cómo respondió Javier Ponce?
El escenario es tenso. Ponce exige un millón de soles como reparación civil por difamación, dinero que —asegura— iría a albergues de niños y adultos mayores. Sin embargo, un especialista en derecho constitucional advierte que la demanda no prosperaría. La razón: en Perú, la libertad de expresión pesa más que el honor de los funcionarios públicos cuando se trata de críticas vinculadas a su gestión.
LA BATALLA LEGAL: ¿DIFAMACIÓN O CRÍTICA POLÍTICA?
El alcalde Ponce insiste en que las declaraciones del rector Machaca —quien denunció un documento municipal que beneficiaría a «intereses oscuros»— han dañado su imagen. «No lo voy a tolerar. Machaca ha dañado mi imagen como autoridad y como ciudadano. Vincularme con mafias de terrenos sin pruebas es difamación pura», declaró en conferencia de prensa.
Pero Machaca no se retracta. «No me intimidan cartas notariales ni demandas millonarias. Hablo por una comunidad académica que exige al Ministerio Público actuar contra Javier Ponce por el delito de robo agravado, abuso de autoridad y por haber invadido terrenos que se encuentran al frontis de la universidad”, declaró firme.
Un abogado con amplia trayectoria en el Congreso y ahora magistrado del Poder Judicial, explica por qué la demanda del alcalde enfrentaría obstáculos:
«Todos los cargos políticos son sujetos a crítica. Por ejemplo, le puedes decir corrupto, y no procede una querella. Es parte de la libertad de expresión, aunque la acusación sea grave. Los funcionarios están expuestos a un escrutinio mayor».
EL PRECEDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La sentencia del Tribunal Constitucional en el Recurso de Nulidad 1712-2018 (Lima) es clave. El fallo establece que, en casos de difamación contra funcionarios públicos, debe primar un «juicio de ponderación» a favor de la libertad de expresión si:
- Las afirmaciones son de interés público.
- No hay injurias flagrantes o frases que ataquen directamente la dignidad.
- Quien las emite actúa con veracidad subjetiva (es decir, cree en lo que dice).
En el caso analizado, el TC absolvió a dirigentes sindicales que criticaron el desempeño de un jefe del Instituto Nacional de Salud del Niño, considerando sus declaraciones como «apreciaciones críticas» y no injurias.
¿SE APLICARÍA ESTO AL CONFLICTO ENTRE EL ALCALDE Y EL RECTOR EN PUNO?
Según la opinión del magistrado consultado por este medio, sí. Las declaraciones de Machaca —aunque duras— se enmarcan en una denuncia sobre un presunto acto irregular en la gestión municipal. No hay insultos personales, sino cuestionamientos a decisiones de interés público.
Asimismo, resulta aplicable el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.
¿QUÉ SIGUE?
Si el alcalde Ponce formaliza su demanda, el proceso podría extenderse por un año, pero las probabilidades de éxito son mínimas. Sin pruebas de que Machaca actuó con mala fe o falsedad, el caso quedaría en un «dijo vs. dijo».
Tambien, puede consultarse el precedente establecido en la sentencia por difamación e injurias seguida contra dirigentes sindicales, anterior incluso al fallo del Tribunal Constitucional.
MIENTRAS TANTO, LA CIUDADANÍA PUNEÑA OBSERVA:
Algunos apoyan la firmeza del rector; otros, la defensa del alcalde. Pero hay un consenso: el verdadero juicio no será en los tribunales, sino en la calle, donde la desconfianza hacia las autoridades sigue creciendo.
CRITICAR A UN FUNCIONARIO NO ES DELITO:
Javier Ponce podría quedarse con las ganas de su millonaria demanda. La justicia peruana ha sido clara: criticar a un funcionario no es delito si se hace en el marco del debate público. El honor de los políticos, aunque importante, no está por encima del derecho de la sociedad a cuestionarlos. En Puno, esta batalla —más que legal— es política.
