Una alerta de bomba obligó a suspender por más de una hora el embarque de un vuelo de LATAM con destino a Juliaca. Según informó Lima Airport Partners (LAP), la empresa a cargo del aeropuerto, las verificaciones de seguridad descartaron la amenaza, confirmando que se trató de una falsa alarma.
Tras el protocolo de seguridad, los pasajeros pudieron reanudar el embarque con normalidad. En un comunicado, LAP destacó que cualquier amenaza, incluso si resulta ser falsa, es un acto grave que afecta la seguridad y genera retrasos operativos. Además, hizo un llamado a la responsabilidad de los usuarios para evitar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad viajera.
Este es el segundo incidente de este tipo que ocurre en el sur del Perú en menos de cuatro meses. El primer caso se registró en mayo en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, donde la detección de un objeto sospechoso en una aeronave activó el protocolo de seguridad. El hecho, que obligó a cancelar cuatro vuelos y evacuaron el terminal, concluyó luego de que la Policía Nacional descartara la presencia de explosivos.
En aquella oportunidad, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó una revisión exhaustiva del avión tras el reporte. Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), operador del aeropuerto, confirmó que se había detectado un equipaje con elementos similares a un explosivo, lo que motivó la paralización preventiva de las operaciones. Latam Airlines, una de las aerolíneas afectadas, informó que sus pasajeros fueron evacuados sin incidentes y se les brindaron servicios básicos durante la espera.
El hecho invita a la reflexión y abre varios interrogantes: ¿Qué intenciones tenían las personas que ocasionaron estas falsas alarmas? Mientras en Arequipa se trató de un objeto físico sospechoso, en Lima fue una alerta sobre un vuelo con destino a Juliaca. ¿Existe alguna conexión o patrón detrás de estos actos? Algunos podrían cuestionar si el personal de seguridad, ante estos incidentes, podría actuar bajo estereotipos prejuiciosos hacia los pobladores del sur, históricamente percibidos como contestatarios. Además, en un contexto político donde se acercan las elecciones generales de 2026, cabe preguntarse: ¿Podrían estos hechos de inseguridad orquestada ser utilizados como un elemento más para el llamado «terruqueo» o la estigmatización de regiones específicas con fines políticos? Son preguntas que quedan en el aire, invitando a los lectores a sacar sus propias conclusiones sobre la alarmante recurrencia de estos eventos.
