La tensión social vuelve a crecer en la provincia de Azángaro. Integrantes del comité de regantes del centro poblado de Progreso, en el distrito de Asillo, advirtieron que podrían iniciar una huelga indefinida ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales y regionales frente a la contaminación que afecta al río Ramis.
Durante una jornada de protesta realizada en la zona, los manifestantes bloquearon tramos de la carretera Interoceánica y realizaron piquetes para exigir acciones inmediatas contra la presunta contaminación provocada por actividades de minería informal e ilegal en la cuenca del río.
Los dirigentes denunciaron que esperaban la presencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Gobierno Regional de Puno para instalar una mesa de diálogo; sin embargo, señalaron que únicamente acudió personal de la Defensoría del Pueblo, entidad que intentó mediar en el conflicto social.
Según indicaron, la problemática ambiental afecta desde hace varios años a comunidades campesinas y productores agropecuarios que dependen del agua del río Ramis para el consumo humano, el riego de cultivos y la actividad ganadera.
Entre sus principales demandas figura la identificación y sanción de los responsables de la contaminación ambiental, además de la intervención inmediata del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, OEFA, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Gobierno Regional de Puno.
Asimismo, los protestantes exigieron reactivar operativos de interdicción contra la minería ilegal, actividad que —según sostienen— continúa afectando gravemente la calidad del agua y los ecosistemas de la zona norte de la región Puno.
Pese a la radicalización de la protesta, los dirigentes ofrecieron disculpas a transportistas y pasajeros afectados por el bloqueo de la vía Interoceánica, argumentando que las medidas responden a una necesidad urgente de defender la salud pública y el medioambiente.
Finalmente, anunciaron que el próximo viernes sostendrán una reunión decisiva para evaluar posibles acuerdos y determinar si convocan a una paralización indefinida ante la ausencia de soluciones concretas por parte del Estado.
