La Comunidad Campesina de Untuca, ubicada en la provincia de Sandia, denunció públicamente un presunto intento de usurpación de aproximadamente 900 hectáreas de terrenos comunales, situación que —según advierten sus dirigentes y representantes legales— estaría vinculada a intereses relacionados con la minería ilegal en la región Puno.
La denuncia fue realizada por Ronald Ferreiros Calizaya, asesor legal de la comunidad, durante una protesta pacífica desarrollada frente a instalaciones del Ministerio Público. El representante sostuvo que el predio denominado Chongoroni pertenece legalmente a más de 2,000 comuneros y que cuenta con escritura pública debidamente inscrita en Registros Públicos.
“Se nos está tratando de vulnerar nuestros derechos territoriales”, manifestó Ferreiros, quien alertó sobre el riesgo que enfrentan extensas áreas utilizadas actualmente para actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Comunidad denuncia presunto interés de minería ilegal
De acuerdo con la versión de la defensa legal, detrás del conflicto existiría un presunto interés por apropiarse del terreno para desarrollar actividades vinculadas a la minería ilegal, pese a que la zona no cuenta con concesiones mineras autorizadas.
El asesor señaló además que la persona involucrada en la denuncia tendría antecedentes relacionados con este tipo de actividades extractivas informales.
“Tenemos conocimiento de que este señor tiene antecedentes, incluso de ejercer minería ilegal, y pretende apropiarse del predio para desarrollar esa actividad”, declaró.
La comunidad sostiene que el área en disputa cumple una función productiva fundamental para cientos de familias dedicadas a la agricultura y ganadería, por lo que advirtieron que cualquier intento de ocupación afectaría seriamente la economía comunal y el equilibrio ambiental de la zona.
Comuneros cuestionan actuación fiscal
Otro de los puntos cuestionados por los dirigentes comunales es la actuación del fiscal Aníbal Surco Corimanya, a quien acusan de mantener un presunto trato diferenciado durante el desarrollo del proceso de investigación.
Ante ello, la comunidad solicitó formalmente su apartamiento del caso; sin embargo, el pedido fue rechazado por la Fiscalía Superior Mixta de Huancané.
Tras esta decisión, representantes comunales acudieron a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para informar sobre las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso.
Piden garantizar derechos territoriales
Los comuneros exigieron a las autoridades judiciales y fiscales garantizar la protección de los territorios comunales y actuar con imparcialidad frente a conflictos relacionados con minería ilegal y propiedad de tierras en la región.
Asimismo, señalaron que continuarán realizando acciones legales y movilizaciones pacíficas para defender el predio Chongoroni y evitar cualquier afectación a las actividades productivas de la comunidad campesina.
El caso ha generado preocupación entre pobladores de Sandia y organizaciones sociales, debido al incremento de conflictos vinculados a minería ilegal, ocupación de tierras y disputas territoriales en distintas zonas de la región Puno.
