Un aparente caso de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial ha salido a la luz en la región Puno, tras una protesta pública que terminó por develar lo que por años fue un secreto a voces: la existencia de una presunta red de manipulación de juicios en el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Guido Chevarría Tiznado.
El detonante: Protesta en Juliaca y agresión al juez
El 6 de junio pasado, un grupo de manifestantes de Juliaca interceptó y agredió al juez Chevarría en la intersección de los jirones Ayacucho y Cajamarca, en pleno centro de Puno. Los protestantes rechazaban una medida cautelar que paralizó la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en su ciudad. Esta resolución había sido promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y curiosamente, declarada fundada por el magistrado.
Durante el incidente, Chevarría intentaba subir a una camioneta Toyota Fortuner de placa Z5A-650, que, según registros públicos, pertenece al abogado Adelmo Ángel Rodríguez Marroquín.
Vínculos peligrosos: Juez, abogado y cuñado en red judicial
Rodríguez Marroquín no solo sería el propietario del vehículo, sino también conductor personal del juez Chevarría y litigante frecuente en su juzgado. A ello se suma el abogado Walker León Aguilar Castillo, cuñado de Rodríguez, quien ha continuado varios procesos judiciales en etapas decisivas, tras haber sido iniciados por Adelmo Rodríguez.
Documentos a los que accedió Sin Fronteras revelan que ambos han participado en diversos expedientes de alto interés, especialmente relacionados con terrenos en disputa. En el caso del expediente 00957-2022, por ejemplo, se pretende adjudicar mediante prescripción adquisitiva más de tres hectáreas en el sector Ccarana Pampa, en la ribera del lago Titicaca. Pese a la oposición de terceros, el juez Chevarría rechazó sus recursos con inusual celeridad.
Evidencias documentadas: Seguimientos y denuncias
Agentes encubiertos y testimonios de vecinos de Orkapata documentaron con fotografías y videos el vínculo cotidiano entre el juez y los abogados, incluyendo traslados, encuentros y el ingreso de documentos sospechosos a su domicilio y oficina. En una de las imágenes, Rodríguez es visto saliendo del domicilio del juez portando documentos judiciales, y abordando un lujoso Chevrolet Camaro color morado, de placa Z5G-595, registrado a nombre de Walker Aguilar Rodríguez, su sobrino y aparente testaferro.
El vehículo, adquirido por 38 mil soles cuando Aguilar tenía solo 22 años, sería parte de un esquema para encubrir transferencias y favores extrajudiciales. Todo esto contradice el artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial, que prohíbe a los jueces recibir «atenciones», y el artículo 48, que sanciona como falta grave establecer relaciones extraprocesales que afecten la imparcialidad del juez.
Silencio institucional
Ni el juez Chevarría ni el abogado Rodríguez han ofrecido declaraciones al respecto. En un intento por obtener su versión, ambos fueron abordados en diversas ocasiones, sin éxito. Incluso, el secretario general del sindicato demandante, Luis Gonzaga Espezúa, se excusó afirmando no conocer al abogado que impulsó la medida, pese a que esta fue firmada por Walker Aguilar, el cuñado de Rodríguez.
¿Una red de tráfico judicial?
La evidencia sugiere que el juzgado de Guido Chevarría habría sido utilizado como centro de operaciones para beneficiar a allegados con sentencias favorables. El mismo juez reside en una vivienda de propiedad de su hermano, Pedro Jaime Chevarría, perito judicial, y comparte con Rodríguez hasta espacios festivos, como su participación conjunta en la Morenada Orkapata.
La pregunta que ahora se impone es si este presunto tráfico de fallos judiciales se limita a Puno o si es parte de una red más amplia de corrupción en el sistema de justicia peruano.
