La controversia por el traslado de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno escaló en las últimas horas luego de que el gobernador regional, Richard Hancco Soncco, anunciara que solicitará la intervención de la Policía Nacional del Perú para ejecutar la desocupación de las actuales instalaciones de la entidad.
La autoridad regional sostuvo que las conversaciones con los trabajadores y representantes involucrados en el conflicto no lograron alcanzar consensos, por lo que consideró necesario adoptar medidas para concretar el traslado hacia una nueva sede.
“Ya hemos agotado todas las vías de diálogo”, manifestó el gobernador al referirse al prolongado conflicto que mantiene paralizada una decisión considerada clave para el desarrollo de proyectos vinculados al sector salud.
Gobierno Regional busca concretar traslado de la DIRESA
Según explicó Hancco, la medida había sido postergada debido a los recientes conflictos sociales registrados en la región. Sin embargo, aseguró que el proceso será retomado en los próximos días con el apoyo de las fuerzas del orden.
El Gobierno Regional argumenta que la permanencia de la DIRESA en el actual local dificulta la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura sanitaria, entre ellos iniciativas vinculadas al fortalecimiento de los servicios de salud para la población puneña.
Las autoridades regionales consideran que la reubicación de la entidad permitirá liberar espacios necesarios para futuras inversiones públicas en el sector.
Acción judicial mantiene abierto el conflicto
No obstante, el proceso enfrenta una controversia legal que continúa en evaluación ante el Poder Judicial.
Trabajadores y representantes vinculados a la DIRESA promovieron una acción de amparo en la que cuestionan las condiciones del inmueble propuesto para el traslado. Según sus argumentos, el nuevo local no garantizaría el adecuado funcionamiento institucional ni las condiciones necesarias para la atención administrativa y técnica de la entidad.
Esta situación ha generado una confrontación entre los criterios técnicos, administrativos y legales presentados por ambas partes.
Observaciones técnicas generan debate
El conflicto también involucra cuestionamientos relacionados con la viabilidad del terreno alternativo planteado para el funcionamiento de la institución.
Diversas autoridades y sectores involucrados han advertido sobre presuntas limitaciones técnicas del espacio, entre ellas riesgos asociados a posibles inundaciones y otras condiciones que requerirían una evaluación especializada antes de concretar cualquier traslado definitivo.
Por su parte, el gobernador regional advirtió que las demoras podrían afectar el presupuesto asignado para importantes proyectos de infraestructura sanitaria y retrasar la ejecución de obras prioritarias para la región.
Proyecto continúa bajo evaluación
Mientras persiste la controversia, el proyecto permanece bajo evaluación técnica por parte del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), entidad encargada de revisar diversos aspectos relacionados con la viabilidad de futuras intervenciones en infraestructura hospitalaria.
Asimismo, algunos sectores académicos han expresado preocupación por las posibles repercusiones que el conflicto podría generar en estudiantes de ciencias de la salud que realizan prácticas preprofesionales mediante convenios suscritos con instituciones vinculadas a la DIRESA.




