Puno lidera conflictos sociales en Perú: 20 casos activos y minería ilegal

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La jefa de la Oficina Defensorial I de Puno, Tania Cáceres Ortega, advirtió que la región Puno registra 20 conflictos sociales, de los cuales 17 son activos y 3 latentes, posicionándola como la segunda región con más conflictos en Perú. La minería ilegal y los límites territoriales son las causas principales, aunque tras ellos subyacen intereses económicos y delitos conexos.

La minería ilegal impulsa la violencia en Puno. El caso más reciente ocurrió en Coasa y Limbani, donde dos heridos y enfrentamientos por territorio evidenciaron la alta conflictividad entre comunidades. Cáceres explicó que, aunque se atribuye a demarcación territorial, el fondo es la minería ilegal, vinculada a trata de personas, extorsión y tenencia de armas. «No es solo una lucha por tierra, sino por control de recursos», afirmó.

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Defensoría actúa como mediadora, pero sin poder sancionador. La Defensoría interviene como observadora y promueve mesas de diálogo, pero su rol no es vinculante. Cáceres reconoció que, sin aceptación de ambas partes, las soluciones son limitadas. «Nuestra prioridad es proteger a los vulnerables», dijo, tras gestionar el traslado de heridos a centros de salud. Sin embargo, la falta de presupuesto y presencia estatal agrava la crisis.

Conflictos se extienden a Patambuco, Alto Inambari y Carabaya Además de Coasa-Limbani, zonas como Patambuco y Alto Inambari enfrentan disputas similares. En Carabaya, la criminalidad aumentó por la minería, según el Ministerio Público. Cáceres alertó que la policía y fiscalías carecen de recursos para actuar. «Hay delitos conexos que el Estado no logra frenar», advirtió, tras señalar que 21 personas murieron en 2023 durante protestas.

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Programa «Rompiendo Cadenas» busca proteger a huérfanos de violencia Ante la orfandad de niños por violencia estatal o feminicidios, la Defensoría lanzó el programa «Rompiendo Cadenas». Este identifica a menores en vulnerabilidad, como los nueve hijos de un interno cuya madre murió por falta de atención médica. Cáceres anunció que ampliarán la cobertura para incluir a víctimas de homicidios y represión policial.

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