El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Codisec) de Puno ha reprogramado su próxima sesión para el 3 de junio, luego de que la convocatoria del 16 de mayo no lograra el quórum necesario. La decisión, confirmada por John Ccama Lipa, jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, responde a la ausencia de varios miembros esenciales para debatir y acordar estrategias clave contra el crimen organizado y la minería ilegal en la región.
“Convocamos la reunión el 16 de mayo, pero lamentablemente no se alcanzó el quórum. Solo asistieron representantes de algunas instituciones, lo que dificulta tomar decisiones acertadas y urgentes”, señaló Ccama Lipa, enfatizando la importancia de la participación activa de todas las entidades intervinientes.
Zonas críticas: La Rinconada y Juliaca
Según datos del Codisec, La Rinconada y Juliaca figuran como los distritos con mayor incidencia de denuncias vinculadas a la minería informal y al narcotráfico. Estas áreas concentran el 70% de los reportes de actividades ilícitas en la región, afectando la seguridad y el desarrollo social de miles de habitantes.
“En estos puntos es donde se recibe el mayor número de denuncias por delitos asociados a la minería y al tráfico de drogas, con un impacto creciente en la convivencia ciudadana”, explicó el funcionario.
Ruta procesal de las denuncias
El Ministerio Público lidera la investigación de los casos presentados, recopilando pruebas y armando los expedientes que, posteriormente, se remiten al Poder Judicial para su resolución. Este procedimiento, aunque riguroso, enfrenta demoras cuando faltan espacios de coordinación interinstitucional.
Acciones conjuntas y próximas etapas
Para contrarrestar estos delitos, el Codisec articula operativos conjuntos con la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades locales. “La semana pasada trabajamos de forma coordinada con los miembros del Codisec, el Coprosec y la Policía Nacional, resaltó Ccama Lipa. Este esfuerzo multisectorial busca fortalecer el intercambio de información y agilizar la toma de decisiones operativas.
La reunión del 3 de junio dependerá del compromiso de todos los actores institucionales. Solo con la participación plena de cada representante será posible delinear un plan de acción eficaz que responda al aumento de la criminalidad en Puno.
