Un nuevo caso de corrupción dentro del aparato público termina con una condena judicial. Un inspector de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno fue sentenciado a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida tras ser hallado responsable de solicitar dinero a un empresario para evitar una sanción administrativa.
Se trata de Pedro Toledo C., quien fue procesado por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función pública, en un caso que evidencia cómo se intentan desviar procedimientos de fiscalización a cambio de beneficios económicos.
Una coima para evitar una multa
Según la investigación del Ministerio Público, el hecho se remonta a abril de 2026, cuando el inspector laboral intervino a la empresa CETRAMINP S.A.C. en el marco de una inspección. A partir de ahí, lo que debía ser un procedimiento regular tomó otro rumbo.
De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el funcionario habría solicitado inicialmente S/6 mil para “cerrar el caso” y evitar la imposición de una multa. Luego, tras conversaciones con representantes de la empresa, el monto fue reducido a S/5 mil. A lo que apuntaba el pedido era claro, interferir en una función pública a cambio de dinero.
Condena mediante terminación anticipada
El fiscal provincial William Otazú Pinto, a cargo del caso desde el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, explicó que la sentencia se obtuvo mediante el mecanismo de terminación anticipada.
Esto significa que el propio investigado aceptó los cargos, lo que permitió acortar el proceso judicial bajo supervisión del juzgado correspondiente, conforme al Código Procesal Penal.
Como resultado, se dictó una pena de cinco años de prisión suspendida, además de las sanciones accesorias que corresponden en este tipo de delitos.
El Estado como parte agraviada
En este caso, el Estado peruano —representado por la propia Sunafil— fue considerado como parte agraviada, lo que refuerza la gravedad del hecho.
No se trata solo de un acto individual. Se trata de una afectación directa a la función pública y a la confianza en las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley laboral.
Un mensaje en la lucha contra la corrupción
Desde la Fiscalía se destacó que esta condena reafirma el compromiso de perseguir y sancionar actos de corrupción dentro del Estado. Pero también deja una lectura más amplia.
Estos casos siguen apareciendo, y aunque algunos terminan en sanción, evidencian que los mecanismos de control aún tienen vacíos que permiten este tipo de prácticas.
