El abogado Enrique Almonte Pilco es uno de los protagonistas de los últimos días y hombre clave en la presunta organización criminal que tiene como cara más visible al gobernador detenido Agustín Luque.
Fue él quien conducía la camioneta en la viajaba el exgobernador cuando fue capturado y también fue el primero en poner su cargo a disposición cuando colocaron a Germán Alejo como encargado del gobierno regional.
Se dice que, prácticamente, metía las narices en todo. Se la acusó de colocar personal en casi todas las áreas del gobierno regional a su conveniencia. El consejero Isidro Pacohuanaco lo llamó “manzana podrida” y no fue por nada.
Aduviri lo trajo
Contra todo lo que parezca, Almonte llegó al gobierno regional de la mano de Walter Aduvir y no de Agustín Luque.
Su confianza con el aimara era tal que fue el personero legal titular del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), agrupación que ganó la gobernación regional.
Una vez ganadas las elecciones, fue designado como jefe de personal por primera vez, bajo la autoridad de Walter Aduviri y no duró ni 15 días tras lo cual fue reemplazado y no volvería al cargo sino hasta después de que Agustín Luque asuma el cargo de gobernador.
Jefe de recursos humanos
En los meses finales del año 2019 Enrique Almonte regresó como Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la mano de Agustín Luque aparentemente con la promesa de colocar personal clave según la conveniencia del Gobernador mientras colocaba personal subalterno a su deseo.
Es así que, un informe de la contraloría publicado en diciembre del año 2020 lo responsabilizó por avalar las designaciones de gerentes que no cumplían con los requisitos para el cargo.
En octubre de este año, el dirigente del Sindicato de trabajadores del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, Damián Atencio sugirió que existía una pequeña organización para colocar y contratar personal en plazas orgánicas Covid-19.
Entre otros funcionarios, mencionó a Enrique Almonte como el líder de esa suerte de “agencia de empleos”.
No solo él sino que Walter Quispe Paz, el entonces Gerente de Desarrollo Social, lo culpó por la crisis en el gobierno regional por estar interfiriendo en la designación de jefes y personal en el sector salud.
Otro que lo denunció fue Arturo Mamani Pandia quien se desempeñaba como titular de la Dirección Regional Agraria (DRA). Según declaró, Almonte no respetaba su cargo y se encargaba de la designación de funcionarios y trabajadores.
Él fue más directo: sugirió que esas designaciones se daban a cambio de cobro de cupos.
Por esto a nadie sorprendió que, al momento de la captura de Agustión Luque, Almonte conducía una camioneta de aproximadamente 25 mil dólares.
Al asesor favorito
Por presión de los Consejeros (con cuyos intereses parece haber chocado), Almonte fue removido de su cargo pero, en lugar de ser alejado o sancionado, fue designado como asesor FAG.
Desde ese lugar indicó que su trabajo se iba a orientar a los sectores de “salud y educación”, es decir, las áreas donde se pueden negociar con la mayor cantidad de puestos.
Hospital Manuel Núñez Butrón
Contra todo lo que parezca, el asesor no está en la relación de 40 funcionarios involucrados directamente en la investigación por colusión agravada en el contrato de construcción del hospital Manuel Núñez Butrón.
Sin embargo, el informe de la Contraloría sí indica que tuvo un papel decisivo en los actos materia de investigación.
Fue él quien sacó de su cargo a personas más o menos independientes y colocó a personal de la confianza de Agustín Luque.
Por ejemplo, hay constancia de que despidió a la integrante y miembro titular del comité de selección del contratista de dicha obra, María Luz Mansilla Castillo.
También se sacó del camino a otros dos miembros suplentes de manera que Luque pudo controlar completamente el nuevo comité.
En suma, era quien movía las fichas en interior del gobierno regional.
