La maquinaria del narco-estado dictatorial fujimorista, edificada tras la vacancia sediciosa e inconstitucional de Pedro Castillo, parecía funcionar a todo vapor en hacer realidad todos los encargos del pacto narco-mafioso congresal que lo configuró -¡ qué duda cabe asaltando y copando casi todas las instituciones de la arquitectura estatal!- entre 2023 y 2025: el Ejecutivo, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Sunedu, JNJ, Procuraduría General, Ministerio Público, etc.
Esa era la imagen monolítica que proyectaba la maquinaria del narco-estado fujimorista o la República mafiosa (Sinesio López, 2024), hasta el martes 26 de mayo en curso. Es decir, cero fisuras y grietas en la superestructura jurídica, legal, institucional y político/criminal (pues aquí no hay ideología) de la República narco-mafiosa. En ese cuadro de cosas, marcado por el optimismo de las encuestas de Ipsos, nada hacía presagiar que ocurra una crisis en las alturas de alguna de las instituciones en manos de la narco-mafia política.
A doce días de la segunda vuelta electoral, el próximo domingo 7 de junio, en la mañana del miércoles 27 de mayo se hizo público un evento inesperado e imprevisto en el seno de la institución de mayor control del narco-fujimorismo, el Tribunal Constitucional: la renuncia irrevocable de la magistrada Luz Pacheco Zerga a la presidencia del organismo encargado de ser el máximo intérprete de la Constitución.
Más allá de las motivaciones y los hechos precedentes a la explicitación de esta renuncia irrevocable de Pacheco Zerga, a cuatro meses y días de cumplir su mandato, su renuncia irrevocable abre una crisis en una de las instituciones de la superestructura del narco-estado fujimorista o la República mafiosa en la que la coalición narco-criminal del Congreso ha convertido al país. Es, aunque lo quieran negar, subvalorar o relativizar, una crisis que revela la primera fisura de esa maquinaria
Es, además, un hecho que tendrá un impacto político en la campaña electoral en favor de las fuerzas contra la narco-mafia política y por la recuperación de la democracia. Finalmente, la renuncia inesperada y adelantada de Pacheco Zerga parece indicar que no todos están dispuestos a justificar o avalar la consolidación de la segunda narco-dictadura (la primera fue entre 1990-2000) o, dicho en otros términos, el establishment político/narco-criminal.
Jaime Antezana Rivera
