A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó un nuevo plan de gobierno para el periodo 2026-2031, documento que evidencia cambios significativos respecto a la propuesta con la que participó en la primera vuelta electoral.
El anuncio se produjo luego del debate presidencial desarrollado el 31 de mayo, escenario en el que el postulante adelantó que presentaría una nueva hoja de ruta. El documento, elaborado junto a cuatro agrupaciones aliadas y la denominada Plataforma por la Democracia, busca ampliar consensos y proyectar una imagen política menos confrontacional.
La nueva propuesta mantiene algunas líneas históricas de la organización política, aunque con un lenguaje más moderado y objetivos medibles orientados a sectores del electorado ubicados fuera de su base tradicional.
Nuevo enfoque económico prioriza empleo e industrialización
Uno de los principales cambios se observa en el capítulo económico.
Mientras el plan presentado en primera vuelta planteaba renegociar Tratados de Libre Comercio (TLC), reforzar la intervención estatal y aplicar medidas contra las sobreganancias empresariales, la nueva propuesta prioriza metas productivas y de crecimiento.
Entre los objetivos planteados figura que el 40 % de las exportaciones cuente con valor agregado al 2031, además de reducir la informalidad laboral por debajo del 60 %.
El documento también pone énfasis en la industrialización, el fortalecimiento de pequeñas empresas y el impulso de la agricultura familiar como motor de empleo formal y descentralizado.
Salud y educación cambian de enfoque
En materia de salud, el nuevo plan deja atrás algunas metas presupuestales planteadas anteriormente.
La propuesta inicial buscaba destinar el 8 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector; sin embargo, el nuevo documento prioriza objetivos de cobertura, proponiendo que el 95 % de la población acceda a servicios esenciales de salud.
Asimismo, plantea fortalecer el primer nivel de atención e implementar un Sistema Nacional de Cuidados, orientado principalmente al respaldo de mujeres y familias vulnerables.
En educación se mantiene la meta de destinar el 6 % del PBI al sector, aunque desaparecen compromisos específicos como el nombramiento masivo de docentes o la ampliación de vacantes universitarias públicas.
En reemplazo, el plan establece indicadores concretos, como lograr que el 100 % de escuelas rurales disponga de servicios básicos y que el 90 % de estudiantes concluya la educación secundaria.
Seguridad y justicia con menor confrontación política
Los cambios también alcanzan la propuesta sobre seguridad ciudadana.
A diferencia del primer plan, el nuevo documento elimina referencias a la derogación de determinadas normas vinculadas al crimen organizado y deja de plantear metas numéricas sobre reducción de homicidios.
El enfoque actual prioriza la prevención, el fortalecimiento de la participación comunitaria, la lucha contra la corrupción y reformas orientadas al sistema de justicia.
Analistas consideran que esta reformulación responde a una estrategia electoral orientada a captar votos del centro político e independientes en una etapa decisiva de la campaña.
Giro estratégico en plena disputa electoral
Aunque mantiene propuestas como una eventual nueva Constitución y una mayor descentralización económica, el nuevo programa de gobierno adopta un tono menos ideologizado y más orientado a acuerdos políticos.
El viraje refleja un intento por ampliar la base electoral de Roberto Sánchez y disputar apoyos más allá del electorado identificado históricamente con Juntos por el Perú.
Con la segunda vuelta cada vez más próxima, el renovado plan de gobierno se convierte en una pieza central de la estrategia del candidato para consolidar respaldo ciudadano y fortalecer su posicionamiento en la recta final de la campaña presidencial.
