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Puno

Se perfila la estrategia para contener y reprimir el descontento tras la salida de Castillo

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A los 13 días del gobierno de Dina Boluarte en alianza con los grupos de extrema derecha afincados en el congreso, se cuentan 26 fallecidos en un clima calificado por muchos como dictatorial.

El último episodio de Chala (Caravelí, Arequipa) se confirmó el fallecimiento de una persona pero no se descarta el de otras 5 personas.

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La cantidad de hechos dados, a podido perfilar el rumbo de los acontecimientos y el sentido de lo que se cocina en el Perú tras la caída de Pedro Castillo.

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El fin último

Tanto el Sociólogo José Domingo Mendoza  y la excongresista Cecilia García están de acuerdo en que la fuerte represión ejercida en la actualidad, obedece a una fuerte lucha de intereses por los contratos otorgados por el Estado que tienen plazos de 25 y 30 años varios de los cuales vencen el año 2023.

Mendoza, explicó que, con las elecciones aplazadas hasta fines del año 2023 o inicios del año 2024, la alianza entre el poder legislativo, el Poder Judicial y el ejecutivo podrán rearticular su poder y defender los intereses foráneos.

Dicha defensa de intereses foráneos no son otra cosa que los grandes contratos ley que vencen en el año 2023 y que serán negociados por los que sacaron a Pedro Castillo. Con Castillo queríamos desmontar el neoliberalismo pero esto no se pudo, concluyó.

Finalmente detalló que existen 400 empresas españolas entre ellas Repsol, que manejan el gas y que paga 1 mil 135 millones de soles por la explotación de recursos peruanos cuando, en realidad deberían pagan 23 mil millones.

El real mando 

Según indicó, quien realmente comanda toda la represión es Alberto Otárola, el ministro de Defensa. En tanto, analistas como Laura Arroyo indicaron que Dina Boluarte esta hipotecada o, más precisamente, es una títere de las facciones de ultraderecha peruana.

Cabe indicar que los ejecutado por la policía y el ejército está más cerca de lo expresado por los congresistas que a lo declarado por la presidenta, Dina Boluarte. Hubo contradicción entre los dicho por los altos mandos y la presidenta hasta antes del 19 de diciembre.

Represión y arrasamiento 

La ex congresista Cecilia García indicó que al poder instalado está perfectamente dispuesto a matar 100 o 200 peruanos con tal de no perder el poder en el año 2023.

Ella explicó que la misión de los congresistas de derecha es negociar los millonarios contratos para beneficiarse y beneficiar a su contraparte extranjera.

Legitimando la muerte

Teniendo clara su misión política, la estrategia es, entonces, justificar, maquillar y ocultar la imposición de su voluntad mediante la muerte.

Los ciudadanos grabaron y difundieron decenas de videos que sugieren la infiltración de personal policial o militar en manifestaciones y vinculados con incendios  de instituciones públicas y algunas instalaciones privadas.

Esos acontecimientos fueron la justificación para decretar el estado de emergencia y el toque de queda así como la intervención militar en todo el país. También sirvió de excusa para ordenar el uso de la fuerza letal.

Evidencia innegable

Son métodos de los 60`s y 80´s pero en un mundo donde la tecnología que permite dejar constancia de un hecho con solo sacar el celular.

Los videos abundan. Cientos de casquillos de balas fueron regados en las ciudades de Ayacucho, Arequipa y Andahuaylas. Hay registros que confirman en que los movimientos de los militares no fueron defensivos.

La norma indica que el uso de fuerza letal, aún sea en un estado de emergencia no es discreción del militar o los mandos sino se apegan a la necesidad se proteger su propia integridad o resguardar otra vida.

Pacto de impunidad

De la misma manera en que, en la época del fujimorismo, los militares actúan con respaldo político evidente. La presidenta Boluarte declaró que las muertes se investigará en el fuero militar cuando todas las normas prescriben que no sea así.

De la misma manera, la prensa empresarial no cuestiona o minimiza lo hecho por las fuerzas armadas en el interior del país, lo que indica que, evidentemente, hay cobertura legal para que los mandos militares sientan que no serán sancionados.

Turbas artificiales

Otra estrategia de contención es la organización de las llamadas, marchas por la paz, que incluyen polos blancos, arengas pacifistas (sin condena a las muertes del estado) y la cobertura de los medios de comunicación empresariales, así como el apoyo de miembros de la iglesia.

Desde la izquierda observaron que el fin de estas manifestaciones es crear la imagen de una marcha de malos , terroristas, con intereses políticos, violentistas y una marcha de buenos.

Detenciones y amedrentamiento 

Si por un lado se habla de paz, por el otro, los efectivos policiales intervinieron a personas que, posteriormente, denunciaron que fueron «sembradas» con armas así como hubo interrupciones de efectivos policiales en reuniones de civiles, tal como pasó el Ayacucho.

El sociólogo José Domingo Mendoza indicó que este panorama antecede a un fracaso de las movilizaciones pues, estas fueron espontáneas mientras, del otro lado, hay planificación, conocimiento, estrategias y recursos.

De esa manera se larva la navidad más amarga de los últimos 30 años.

 

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