En los últimos díanistros, diversos observadores han dado a conocer las conexiones entre los ministros, y altos funcionarios de Dina Boluarte. La mayoría, ligados a empresas fuertemente cuestionadas por corrupción, sectores de ultraderecha y aparentes devoluciones de favor.
Uno de los más evidentes fue el de la designación de Hania Pérez de Cuellar. Los medios de comunicación favorables a Dina Boluarte calificaron a la funcionarios como una de amplia trayectoria; sin embargo, omitieron señalar sus nexos.
En paralelo a sus cargos en el estado también se desempeña como asesora de Graña y Montero, la gran socia de Odebrecht en el Perú, en sus proyectos del trasvase Olmos, Chavimochic y Gasoducto Sur.
Cuando un profesional alterna altos cargos en el Estado y, posteriormente, en el sector privado, se califica como el mecanismo de la «puerta giratoria» que consiste en que el funcionario, desde su puesto, beneficia a la empresa que lo emplea y esta se lo retribuye cuando sale del cargo, con un alto sueldo.
Otro de los favores devueltos es la «cuota aprista» expresada en la designación de Oscar Becerra Tresierra, actual ministro de educación, hombre cercano a la universidad San Martín de Porras, la casa superior de Alan García.
La comunicadora Mónica Delgado señaló que el actual ministro de educación fue Oscar Becerra Tresierra fue uno de los responsables de la compra sobrevalorada de laptos por una cantidad de 100 millones de dólares.
Otro de los cuestionados es Juan Carlos Liendo O Connor, el nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI quien trabajó para el exgeneral Julio Salazar Monroe, hombre de confianza de Vladimiro Montesinos y responsable de la matanza de La Cantuta.
La «cuota Willax» la representa el jefe de prensa de la presidencia del consejo de ministros, Bruno Chumpitaz, habitual panelista del canal de noticias falsas y quien, cada vez que puede, llama terrucos a todos.
