Ya suman, según Infobae, 17 muertos en Juliaca, Puno. Eso es una masacre. Es la masacre de mayor envergadura en lo que va de las protestas sociales que arrancó el pasado 7 de diciembre.
En Ayacucho, donde ocurrió la primera masacre, la represión policial y militar provocó 10 muertos. En Juliaca -hasta el momento- han sido asesinados 7 personas más. Y la cifra se incrementará.
¿Qué ha dicho el gobierno de Dina Boluarte? En los primeros días de este segundo momento de la convulsión social, el gobierno y sus escribas inventó a SL como responsable de los ataques a entes públicos y privados.
No funcionó. En Puno, SL no tuvo -más allá del magisterio, la universidad nacional de Puno y algunas provincias- una gran presencia.
Además, SL está plantado hace 30 años (desde la captura de Guzmán, el 12 de setiembre de 1992) y sus miembros son mayores de 50 años.
En la noche del lunes 9 de enero, en la conferencia de prensa del Ejecutivo, el carnicero Alberto Otárola, responsable directo de los muertos de Ayacucho, señaló a otros dos.
Por un lado, al expresidente boliviano Evo Morales. Para eso mostraron imágenes de combis blancas que los propios quechuas y aimaras puneños contrataron. Esa versión se cae sola.
Y su propagación generará mayor indignación en el Altiplano por ser una mentira del tamaño de una catedral. Ni mentir o inventar algo creíble pueden hacer bien.
De otro lado, ante la incapacidad de asumir su responsabilidad en acciones genocidas, Otárola dijo que el responsable es Pedro Castillo, con detención preventiva en el Fundo Barbadillo. Pobre premier.
En medio de la desesperación, el gobierno ha soltado otros «responsables»: narcotráfico y la minería ilegal. Buscan al narcotráfico que se encuentra en Fuerza Popular y sus cepas (Renovación Popular y Avanza País).
Es risible. Y para colmo, en una muestra de su honda debilidad y incapacidad para frenar la marcha de la macroregión sur a Lima, han declarado en inamovilidad social por cinco días. O sea, han recurrido al toque de queda.
En un Decreto Supremo publicado la misma noche del lunes 9, declara la orden de inamovilidad social para cinco regiones: Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac etc. Justo las regiones con mayor muertos.
¿Podrá el gobierno de Dina Boluarte, que no gobierna y no ha dado la cara, frenar la marcha de los quechuas y aimaras de Puno y la macroregión sur a Lima? Tendrá que ser a sangre y fuego.
No son centenares de indígenas que se desplazaran. Son miles. Se calcula en unos 15 mil puneños que se dirigirán a la ciudad de Lima. Si quieren detenerlos habrá otra masacre.
Pero no son sólo vendrán los quechuas y aimaras puneños. También han decidido venir a Lima indígenas de otras regiones de la macroregión sur y de otras zonas. Eso no se controla con represión.
Ante la masacre en Juliaca y la insurgencia social de la macroregión sur y otras zonas, solo queda la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales para este año.
No hay otra salida política a la situación actual. El gobierno de Dina Boluarte es insostenible. De lo contrario, la indignación y rabia de los pueblos de los andes será mayor.
Jaime Antezana Rivera
