La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público del Perú eligió este lunes 23 de marzo a Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación titular para los próximos tres años, con posibilidad de extender su mandato por dos años adicionales.
La sesión, realizada desde las 11:00 a. m. en la sede central de la institución, terminó confirmando lo que ya se anticipaba: la continuidad de Gálvez en el cargo que venía ocupando de manera interina desde septiembre de 2025.
La votación no fue unánime, y ese detalle importa. El resultado fue de 3 votos a favor y 2 en contra dentro de la Junta de Fiscales Supremos, lo que evidencia que, incluso al más alto nivel del sistema fiscal, las posturas siguen divididas.
Entre quienes respaldaron su designación figuran Patricia Benavides Vargas y Zoraida Ávalos Rivera, además del propio Gálvez, quien participó en la votación. En la otra orilla, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena Campana votaron en contra.
Una gestión interina marcada por decisiones clave
Durante los últimos meses, la gestión interina de Gálvez ha estado marcada por decisiones que generaron debate. Entre ellas, la desactivación de los llamados equipos especiales del Ministerio Público en enero de este año, medida que no pasó desapercibida en el ámbito jurídico y político.
A esto se suma la reciente aprobación del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo de la institución, vigente desde hace más de cuatro décadas.
El proyecto fue remitido al Congreso el pasado 16 de marzo y ahora queda en manos del Legislativo su eventual debate y aprobación.
El contexto: cambios en la Junta y decisiones pendientes
La elección de Gálvez también se da en un contexto institucional particular. Hace apenas una semana, la Junta Nacional de Justicia ratificó la destitución de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema, lo que permitió recomponer la conformación de la Junta y concretar la votación.
Además, el proyecto de la nueva Ley Orgánica —que contó con la participación de fiscales, académicos y representantes de la sociedad civil— será evaluado en el Congreso, actualmente bajo la conducción de Fernando Rospigliosi.
No es un dato menor: la ley vigente fue elaborada bajo la Constitución de 1979 y no ha sido actualizada de manera integral desde entonces.
Una etapa que empieza con preguntas abiertas
Con esta designación, el Ministerio Público inicia una nueva etapa. Pero más que un cierre, esto parece un punto de partida con varios frentes abiertos: la legitimidad interna, la confianza ciudadana y la reforma pendiente de su estructura legal.
Porque al final, no se trata solo de quién ocupa el cargo, sino de cómo se ejerce. Y eso, en un país donde la justicia siempre está bajo lupa, pesa más que cualquier votación.
