El miércoles 18 de enero, en Macusani, en Carabaya, Puno, la represión policial y militar cobró la vida de dos ciudadanos quechuas. Sigue, pues, la masacre en el altiplano.
El mismo día, a 1,500 km de distancia, la ciudad de Lima era tomada por miles de quechuas, aimaras, chankas y mestizos de las zonas rurales y urbanas del sur, el norte, el oriente y el centro del país.
¿Qué tienen en común los hechos en dos zonas tan distantes? Que allá en Macusani, a 4 mil msnm, y en Lima los ciudadanos los andes y no andinas exigen que se largue Dina Boluarte y se adelante las elecciones en 2023.
Pero esas exigencias y otras (referéndum para una nueva Constitución) no son sólo de los que protestan en las calles. Es un clamor nacional y mayoritario: según una encuesta del IEP, el 67% está de acuerdo.
En cuanto al rechazo al Congreso, tanto esa encuesta y otras, las cifras superan el 80%. Es decir, que la ciudadanía quiere que se vayan todos. El gobierno y el Congreso. No no quede ninguno.
Pero la indiferencia y una legalidad sin legitimidad, Boluarte y la mayoría del Congreso se aferran al poder en una alianza perversa y sangrienta. Ello los ha llevado a inventar responsables de los más de 50 muertos.
Eso se explica por la angurria y la sensualidad del poder, considerado la máxima droga. Creen que los poderes fácticos y criminales (narcotráfico y corrupción, militarismo) los pueden sostener contra el rechazo mayoritario en las calles y los hogares.
Todo eso se cae cuando la voluntad popular no quiere que continúen. El poder es pasajero. El clamor nacional le está diciendo señora Boluarte larguese a su casa. Acá los poderes mafiosos le pueden dar impunidad. La justicia le tiene destinado la cárcel por los más de 50 asesinatos.
Jaime Antezana Rivera
