La gran marcha de las macroregiones en Lima

Contra el «terruqueo», la retención de unos 3 mil andahuaylinos en Pisco (Ica), la vinculación con el narcotráfico y minería ilegal como fuente de financiamiento y la acusación de ser los responsables de las casi 50 muertos con armas bolivianas, llegaron a Lima miles de hombres y mujeres quechuas, aimaras, chankas y mestizos del sur andino y de otras macroregiones del país.

Tampoco la declaración en Estado de Emergencia en las regiones del sur andino y en Lima y Callao, ni la amenaza de una mayor represión policial y militar y más detenciones de dirigentes pudo disuadir a los pueblos de los andes cumplir con el acuerdo que las macroregiones tomaron tras la masacre en Juliaca, que dejo 18 asesinados y la represión que dejo 2 muertos en Cusco.

La marcha de las macroregiones, también llamada la nueva Marcha de los Cuatro Suyos como la del 2000, busca ¡que tal coincidencia! que el fuji-boluartismo encarnado en Dina Boluarte renuncié al gobierno y el Congreso adelante las elecciones generales para este año. No aceptan que se queden hasta el 2024. O, vía el embuste de la coalición criminal que controla el parlamento, se queden hasta el 2026.

También van a demostrar que no son un «minúsculo grupo» de «violentistas», «radicales» o «terroristas senderistas» que, como sostiene la Dircote fujimorista, habrían planificado y dirigido la «asonada» y el asesinato de los 6 indígenas chankas en Andahuaylas, a los 10 quechuas en Ayacucho, a los 18 aimaras y quechuas en Puno y 2 tahuantinsuyanos en Cusco.

Nada de eso es cierto. Lo que muchos no saben es que la Dircote, desde hace mucho tiempo, se ha dedicado a «terruquear» a mucha gente creando «pruebas» y pagando a «colaboradores», sea por haber firmado en los planillones del MOVADEF o por haber tenido contacto con el grupo armado de «José» que solo existe en Vizcatán, en el Vraem, sabiendo que, post captura de «Feliciano» en julio de 1999, no pertenecen a SL.

Lo hicieron, y lo siguen haciendo, sabiendo que SL está no solo plantado, es decir, sin realizar acciones terroristas, sino que, desde el 2009, los que purgaron condena por terrorismo buscaron inscribir el MOVADEF (2011) y Fudepp (2016) para participar legalmente en los procesos electorales. Y, de otro lado, ocultando aspectos muy importantes de la incorporación del grupo dirigido por «José», entre 2002 hasta 2009, en toda la cadena de la producción de la coca, PBC, cocaína y su salida del Vraem.

Para la Dircote fujimorizada el objetivo era mantener a SL de Abimael Guzmán activo y preparándose para regresar al «terrorismo». Visto así, un miembro del MOVADEF, sea simpatizante o activista, seguía siendo un «terrorista» o un miembro del PCP-SL, a punto de tomar las armas. Y al grupo armado del clan Quispe Palomino en Vizcatán, presentarlos como «senderistas» activos, vivos y que buscan el poder a través de la «guerra popular democrática».

Tanto la Dircote, las FFAA, el fujimorismo y los medios de comunicación no han tenido escrúpulos para ocultar adrede aspectos (la producción de coca y PBC, la seguridad de dos laboratorios de organizaciones de Colombia y Brasil y la sociedad de los hermanos Quispe Palomino y un familiar en un laboratorio de cocaína, la existencia de un sistema de traslado de 1500 a 1800 kilos de droga del Vraem hasta los puntos de salida, etc) que vinculan orgánicamente al grupo armado de los hermanos Quispe Palomino con el narcotráfico.

¿Por qué han mantenido y creado un senderismo preparándose (MOVADEF) para volver al terror o realizando acciones «terroristas» (clan Quispe Palomino)? La respuesta es una: para «terruquear» y utilizarlos cuando necesitaban. Pero, con las detenciones de los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, han ido más lejos. Han reinventado artificialmente las viejas estructuras de SL de los 80 e inicios de los 90.

Así, según la Dircote y su exjefe, el general Oscar Arriola, la presidente de ese gremio Rocío Leandro Melgar es la «tercer miembro» del «comité regional principal» de Ayacucho, Alex Gómez Falcón el «mando político» y Estefanía Alanya Chumbes es el «mando militar». Algo más: según el mismo general, Leandro Melgar, alías la «camarada Cusi», cumple ‘tres tareas principales de lo que es el ejército guerrillero popular (EGP): producir, combatir y movilizar».

Tan burdo es esta reinvención forzada de las viejas y abandonadas estructuras de SL que comete un dislate al decir que Leandro Melgar o «Cusi» se dedica a «producir». O cuando el general señala que el objetivo «principal y final» de estos tres «senderistas» es «generar el caos», creyendo que ese fue y es el objetivo de SL más no la «construcción del poder», en los 80 y 90 y, ahora, la participación en la vida política legal y las elecciones vía el MOVADEF.

¿Cuál es el objetivo de
«resucitar» en el papel y sus PTT las viejas e inexistentes estructuras senderistas e inventar la Nueva Fracción Roja, que creó Guzmán para la disputa con la facción «Proseguir» de «Feliciano», en el lapso 1993 hasta fines de 1999? Lo hacen para sostener que SL dirige las protestas en Ayacucho y la «asonada» de violencia y la toma del aeropuerto. Y justificar las detenciones de siete dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho.Ni para inventar sirven.

Volviendo a la marcha de las macroregiones o de los Cuatro Suyos, los hombres y mujeres de los andes más recónditos que van a movilizarse por las plazas y calles de Lima se han autofinanciado a nivel comunal. Esgrimir que el narcotráfico o la minería ilegal los están financiando es un recurso tan burdo como falso. El narcotráfico más importante del país está expresado y representado en Fuerza Popular y el fujimorismo.

Son tan deleznables las estigmatizaciones de los operadores policiales y fiscales del narcofujimorismo que han provocado lo contrario al miedo: la indignación y viaje masivo a Lima a exigir la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales para este año.

Jaime Antezana Rivera

Rodolfo Cutipa