El gobierno de Dina Boluarte, fue acusado por Amnistía Internacional de actuar con un marcado sesgo racista en las represiones de las protestas que hasta el momento han provocado la muerte de 60 peruanos.
El organismo internacional, llegó a dicha conclusión por la cantidad de muertes que hubo a causa de la violenta represión policial y militar, en las regiones que más concentran poblaciones indígenas.
“Si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total de Perú, éstas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis”, explica en el informe.

Además señala, que la crisis social se inició en 3 regiones del país, que históricamente siempre fueron marginadas y que continuamente lucharon para acceder a mejores servicios.
«En un contexto de gran incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron en varias de las regiones más marginadas del Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, acceso desigual a la participación política y han protagonizado una continua lucha por acceder a los derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación», señala Amnistía.
También advirtió que hubo una clara violación a las normas de los derechos humanos en la represión de las fuerzas del orden contra los manifestantes.

Amnistía, concluyó que las fuerzas del orden, usaron armas de fuego con munición letal. “Todas las víctimas parecían haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar, en algunos casos, el uso intencional de fuerza letal», indica el organismo en referencia a 12 víctimas que murieron a causa del impacto de un proyectil de arma de fuego.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que “la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que hoy salen a las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, y en respuesta han sido violentamente castigados».




