El escándalo del caso Los Operadores de la Reconstrucción reveló que cuatro municipalidades de Piura fueron “beneficiados” con el presupuesto del Decreto de Urgencia 181-2022-EF, proveniente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En La Libertad, la Municipalidad Distrital de Mache también resultó beneficiada. De igual manera las municipalidades de Buena Vista en Áncash; Canayre y Huamanguilla en Ayacucho; y Alis, en Lima, de acuerdo con un informe de El Comercio.
En todas ellas, la modalidad habría sido la misma: el alcalde o representantes municipales acudieron a despacho del congresista Guillermo Bermejo y posteriormente sus distritos recibieron dinero del DS 181-2022. Según las acusaciones, todo esto se hizo a cambio de fuertes sumas de dinero.
El informe periodístico indica que el alcalde de Mache, Edinson Escobedo Espinola, acudió a la oficina de Bermejo el 17 de agosto de 2021 en compañía de Rumaldo Viera Albarrán, congresista de Perú Libre. Tan solo dos meses después, las obras viales y sanitarias de su distrito fueron incluidas en el cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021, del sector Vivienda, por S/ 2,1 millones.
La Fiscalía maneja la hipótesis de que el entonces presidente Pedro Castillo dispuso promover y nombrar en la dirección ejecutiva de la ARCC a alguien de su absoluta confianza. A la par, dispuso el reclutamiento de operadores claves para realizar las gestiones y operaciones que debían estar a cargo de alguien del Congreso.
Es decir, la Fiscalía sugiere que Bermejo fue convocado para participar en esta presunta red criminal y se incorporó “con el objetivo individual de obtener enormes sumas de dinero para su beneficio”.
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