Las investigaciones sobre actos de inconducta funcional de funcionarios públicos, se encuentran entrampadas en el Ministerio Público, informó el procurador Público del Gobierno Regional de Puno, Iván Santalla Prieto.
“El Ministerio Público está actuando con lentitud en estas denuncias presentadas por la Procuraduría en defensa del bien del Estado”, señaló Santalla Prieto, indicando que se han presentado al menos 80 denuncias por diversos delitos de actos funcionales.
En mucho de los casos, las denuncias formuladas por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Puno, aún están en proceso de evaluación para luego iniciar las investigaciones preliminares.
El plazo establecido por ley es de 30 días, sin embargo; el Ministerio Público lo estaría dilatando, y eso afecta a los intereses del Estado, y el funcionario público infractor no es sancionado apropiadamente.
Entre las denuncias planteadas por la Procuraduría está el del proyecto hidráulico de Vila Vilani, la demarcación territorial entre Puno y Moquegua, la preservación del lago Titicaca, entre otros, en los que están involucrados funcionarios públicos.
Por otro lado, Santalla Prieto mencionó que en la procuraduría trabajan solo 12 abogados, 4 asistentes y 2 secretarias, lo cual es insuficiente para abordar los diversos casos de denuncias a nivel regional.
