En la cuenca del río Llallimayo, que atraviesa los distritos de Llalli y Ayaviri (Puno), la población volvió a escuchar el anuncio de una planta de tratamiento de aguas residuales que, hasta hoy, sigue siendo solo una promesa.
El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos, Marcelino Surco Quispe, informó que el proyecto sería presentado al Gobierno Central, tomando como referencia la experiencia de Condoraque, donde se implementó un sistema para neutralizar el pH y reducir los metales pesados. Según el dirigente, esta tecnología permitiría “convivir con una minería responsable”.
Sin embargo, para las comunidades afectadas, estas declaraciones resultan repetitivas y vacías. Desde hace varios años, distintos representantes viajan, sostienen reuniones y anuncian proyectos similares, pero ninguno se materializa en obras concretas. Mientras tanto, el río Llallimayo continúa contaminado, perjudicando a cientos de familias ganaderas que dependen del agua para su subsistencia.
Los comuneros señalan que la lucha por el agua se ha transformado en un discurso político y, en algunos casos, en una oportunidad de beneficio personal para ciertos dirigentes. En contraste, las comunidades siguen esperando acciones reales que garanticen el saneamiento ambiental y la recuperación de su principal fuente de agua.
