El Gobierno peruano dispuso la declaratoria de estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversos distritos fronterizos del país, como parte de una estrategia para contener el avance de la criminalidad y reforzar el control territorial en zonas sensibles.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 056-2026 y alcanza a jurisdicciones ubicadas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, donde se han identificado riesgos vinculados a delitos transnacionales y situaciones de violencia.
Puno entre las regiones más afectadas
En la región Puno, el estado de emergencia abarca múltiples distritos de provincias fronterizas. Entre ellos destacan Sina y Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina; Cojata, en Huancané; así como San Juan del Oro y Yanahuaya, en Sandia.
También se incluyen distritos estratégicos como Desaguadero, Kelluyo y Pisacoma (Chucuito); Huayrapata, Moho y Tilali (Moho); Yunguyo, Tinicachi y Ollaraya (Yunguyo); además de Capazo, en la provincia de El Collao.
La amplitud de la medida refleja la preocupación del Ejecutivo por la situación en el altiplano, donde la ubicación geográfica facilita actividades ilícitas vinculadas al contrabando, narcotráfico y tránsito irregular de personas.
Alcance nacional de la medida
El decreto también comprende distritos de las provincias de Condorcanqui y Bagua, en Amazonas; el distrito de Namballe, en Cajamarca; la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios; y los distritos de Lancones, Suyo y Ayabaca, en Piura.
En el caso de Ucayali, la disposición incluye los distritos de Masisea (Coronel Portillo), Yurúa (Atalaya) y Purús, zonas caracterizadas por su compleja geografía y limitada presencia estatal.
Refuerzo de seguridad y control migratorio
De acuerdo con el Ejecutivo, la declaratoria de emergencia tiene como objetivo fortalecer la presencia de las fuerzas del orden para hacer frente a la criminalidad organizada, así como intensificar el control migratorio y fronterizo.
Durante la vigencia de la medida, se prevé la intervención coordinada de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con el fin de restablecer el orden interno en las zonas comprendidas.
Un desafío persistente en zonas de frontera
La decisión evidencia la complejidad de los desafíos de seguridad en las zonas limítrofes del país, donde la débil presencia institucional y las economías ilegales generan condiciones propicias para el delito.
El estado de emergencia representa una respuesta inmediata del Estado; sin embargo, especialistas coinciden en que estas medidas deben ir acompañadas de políticas sostenidas que fortalezcan el desarrollo, la infraestructura y la vigilancia permanente en las fronteras del Perú.
