Un nuevo caso que golpea la credibilidad institucional. Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentran con paradero desconocido luego de ser denunciados por el presunto arranche de dinero a un ciudadano dentro de la propia comisaría de Huancané, en la región Puno.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 14 de abril, señalando como implicados a tres suboficiales adscritos a la Comisaría Sectorial de Huancané: S2 PNP V. Rojas P., S2 PNP J. Huamán V. y S2 PNP M. Lazo M.
Denuncia y fuga tras intervención fiscal
De acuerdo con la información preliminar, el presunto agraviado acusó a los agentes de haberle sustraído dinero bajo la modalidad de “arranche” al interior de la dependencia policial. Tras formalizarse la denuncia, dos de los efectivos involucrados abandonaron la unidad policial y huyeron con rumbo desconocido.
En contraste, uno de los implicados decidió permanecer en la comisaría para afrontar las investigaciones en curso.
El caso es investigado por el Ministerio Público, cuyo representante se constituyó en la sede policial para iniciar las diligencias correspondientes dentro de la investigación preliminar.
Abandono de servicio agrava la situación
La fuga de los efectivos no solo ha encendido las alertas por el presunto delito, sino también por el abandono de funciones en un contexto de servicio activo.
Según el parte interno, los tres suboficiales tenían asignadas funciones operativas entre el 14 y 15 de abril. Uno cumplía labores de vigilancia en la puerta de la comisaría, otro estaba designado al área de SEINPOL Familia, mientras que el tercero tenía a su cargo la conducción de un patrullero policial.
La ausencia de dos de ellos dejó puestos clave sin cobertura, lo que agrava la situación administrativa y disciplinaria dentro de la Policía Nacional del Perú.
Investigación en curso y cuestionamientos
El caso, registrado por la División de Inteligencia DIVREINT-P, expone una doble presunta falta grave: la comisión de un delito contra el patrimonio y el abandono de servicio por parte de agentes en funciones.
Este hecho vuelve a poner en debate los mecanismos de control interno y la necesidad de reforzar la supervisión dentro de las comisarías, especialmente en zonas donde la ciudadanía exige mayor transparencia y garantías en la actuación policial.
