Un operativo de requisa realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca ha encendido nuevas alertas sobre el control interno en los centros de reclusión. La intervención se llevó a cabo en el pabellón 4 de mediana seguridad, donde se incautaron equipos de comunicación y sustancias ilícitas.
El despliegue se ejecutó en los aleros A y B, así como en el patio del pabellón, con la participación de aproximadamente 20 agentes de seguridad penitenciaria, junto al director del penal. Durante la inspección, el personal halló una caleta ubicada cerca del desagüe de los servicios higiénicos, donde se escondían celulares de distintas marcas, además de cargadores artesanales, cables USB y audífonos.
A esto se suma el hallazgo de una bolsita con 66 envoltorios que, tras la prueba de campo, dieron positivo para pasta básica de cocaína. Este hecho fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes.
Pero el punto que genera mayor preocupación no es solo lo encontrado, sino lo que no se dice. La información oficial no precisa la cantidad exacta de equipos incautados, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia del operativo. Más aún si se considera que el propio INPE es responsable del control de ingreso y salida de personas y objetos dentro del penal.
Según fuentes vinculadas al caso, la intervención se habría realizado el pasado 17 de abril y el número real de celulares hallados ascendería a 15, varios de ellos de alta gama. Sin embargo, no todos habrían sido reportados oficialmente. Estas versiones, que aún deben ser corroboradas, apuntan a una posible reintroducción de equipos al circuito ilegal dentro del penal, donde cada celular podría alcanzar valores de entre 5,000 y 6,000 soles.
A lo que voy es claro. Si quienes controlan también son quienes reportan, el margen de duda se amplía. Y en un contexto donde los internos ya conocen, según testimonios recogidos, el presunto actuar de algunas autoridades del penal, la necesidad de una intervención externa se vuelve urgente.
Mientras tanto, se espera que el Ministerio Público profundice las investigaciones y determine responsabilidades. Porque más allá del operativo en sí, lo que está en juego es la credibilidad del sistema penitenciario y su capacidad real de control.
