Rolando Waldo GÓMEZ POMA
Pres. Reg. Puno de Defensa Profesional del Colegio de Periodistas-CR-PUNO
Cuando se apaga la voz de un periodista, no solo se silencia a una persona: se fractura el derecho de toda una sociedad a saber la verdad y pensar libremente. La libertad de expresión no es un privilegio de los medios; es el pilar que sostiene a cualquier democracia real. Sin fiscalización ni denuncia, el poder actúa en la sombra.
En los últimos años, el periodismo independiente en el Perú enfrenta una de sus etapas más oscuras, acorralado por dos frentes igual de destructivos: la violencia directa y la censura indirecta.
La violencia que calla: Más de 60 periodistas asesinados
Registros de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan una cifra indignante: más de 60 comunicadores y periodistas han sido asesinados en el Perú desde 1990 hasta la fecha.
Desde los años del conflicto armado interno y la narcopolítica (como los casos emblemáticos de Hugo Bustíos, Melissa Alfaro o Pedro Yauri), hasta crímenes recientes contra la prensa regional —como el atentado que le costó la vida a Susy Ysabel Aponte Polo («La China Polo») en Áncash o la ola de ataques de sicariato contra reporteros en las provincias del país—, el mensaje criminal es constante: quien investiga y denuncia, lo paga con su vida.
El sicariato no solo destruye a la víctima material; genera un efecto amedrentador que busca obligar a la prensa regional a autocensurarse.
La censura «invisible»: Las formas de ahogo financiero y legal
Para apagar un medio no siempre se necesita una bala; a veces basta un sello administrativo. Las amenazas a la prensa independiente no se limitan a la violencia física. Existen mecanismos sutiles de asfixia sistémica:
- Hostigamiento fiscal y tributario (SUNAT / Sunafil): El uso desproporcionado o selectivo de cobranzas coactivas, multas y embargos a medios independientes (como las constantes presiones denunciadas por publicaciones de investigación al estilo de Hildebrandt en sus trece) busca su quiebra económica sin asumir el costo político de la clausura explícita.
- Acoso judicial (SLAPP o querellas mordaza): El uso sistemático del aparato penal por parte de funcionarios y poderes fácticos, interponiendo demandas millonarias por «difamación» para desgastar los recursos y el tiempo del periodista.
- Boicot publicitario: El retiro de pauta oficial o presiones a anunciantes privados para privar de ingresos a plataformas críticas al gobierno de turno.
- Violencia digital y extorsión: Ataques cibernéticos contra portales de noticias, sumados a redes de amedrentamiento operadas desde centros penitenciarios o mafias locales.
Sin prensa libre no hay libertad
Como señalan los estándares internacionales de derechos humanos, la libertad de pensamiento y expresión abarca tanto el derecho a denunciar como el derecho de la ciudadanía a recibir información no censurada.
Cuando el Estado no garantiza la vida de los comunicadores ni frena el acoso administrativo contra los medios independientes, se convierte en cómplice del silencio. La denuncia de la “china Polo” sobre las llamadas telefónicas que amenazan desde los intramuros de los centros carcelarios, no es una broma, los periodistas independientes, constantemente somos amedrentados por llamadas anónimas y extranjeras, lo cual debe cesar, porque estamos en un estado democrático.
Exigimos garantías para ejercer el periodismo sin miedo, justicia para las víctimas del sicariato periodístico y el cese de las mordazas financieras.
