Desde las alturas ocultas de Puno, la voz de Walter Aduviri resuena entre la firmeza y el cansancio. El exgobernador regional y líder aymara continúa en la clandestinidad, evadiendo una orden de captura que considera injusta. Los tribunales lo acusan de no haber pagado dos millones de soles en reparación civil por su participación en las protestas del Aymarazo de 2011. Pero para Aduviri, esta persecución judicial es simplemente el último capítulo de diez años de criminalización por defender su territorio.
En una entrevista concedida a Radio Onda Azul, Aduviri explica con paciencia didáctica los dos procesos que marcaron su vida. El primero, el Aymarazo 1, lo vinculó a los disturbios en la ciudad de Puno, donde fue condenado a cuatro años de prisión y a esa millonaria reparación que hoy lo mantiene en la clandestinidad. El segundo, el Aymarazo 2, por los bloqueos en la frontera con Bolivia, terminó con una victoria judicial el pasado 6 de junio, cuando la Corte Suprema archivó definitivamente el caso. Pero esa absolución, dice, no borra la condena pendiente que lo obliga a vivir como fugitivo.
Una condena cumplida, pero no reconocida
Aduviri insiste en un detalle crucial: ya pagó su deuda con la justicia. Entre 2019 y 2020, pasó un año, tres meses y quince días en el penal de Yanamayo, uno de los más duros del país. Luego, su condena se redujo de seis a cuatro años, que cumplió en libertad condicional. Según sus cálculos, el 26 de agosto de 2023 debió quedar libre. Pero el sistema judicial decidió ignorar el tiempo que ya estuvo preso y reactivó su condena por no pagar la reparación.
La reparación imposible: Cómo la Justicia condenó a Aduviri a vivir en la sombra
«Estoy siendo secuestrado por el Estado», afirma Aduviri con amargura. Mientras habla, recuerda cómo las comunidades aymaras intentaron reunir el dinero imposible: ferias, rifas, donaciones. Lograron juntar 50,545 soles, apenas el 2.5% de lo exigido. Para el Poder Judicial, fue insuficiente.
El 3 de octubre de 2023, le quitaron la libertad condicional, y el 28 de noviembre, la Sala de Apelaciones de Puno, integrada por los jueces Óscar Ayestas, Roberto Condori y Javier Arpasi, ordenó su captura.
La sombra de la Aduana incendiada
El caso que lo condenó se centra en la quema de la Aduana de Puno durante las protestas de 2011. Pero Aduviri no se reconoce culpable. Apunta a un patrón conocido: la infiltración. Como en la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000, cuando agentes del SIN disfrazados de manifestantes incendiaron el Banco de la Nación, en el Aymarazo hubo manos sospechosas. Testigos y exdirigentes como Guido Vélez aseguran que el gobierno de Alan García retiró deliberadamente a la policía y permitió que infiltrados saquearan el local.
¿Por qué no investigaron a los vecinos captados por las cámaras robando? ¿Por qué el ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina, ordenó el retiro de los policías? La quema fue un montaje para desacreditar la protesta contra el proyecto minero Santa Ana. Un «psicosocial», como lo llamaba Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
La criminalización como política de Estado
La abogada Mirtha Vásquez, ex primera ministra y defensora de derechos humanos, contextualiza el caso de Aduviri dentro de un fenómeno más amplio: la criminalización de la disidencia. Desde los años noventa, explica, el Estado peruano priorizó el extractivismo minero como política económica, y con ello, desarrolló mecanismos para silenciar a quienes se oponen.
No se trata solo de represión, sino de un entramado jurídico, mediático y político que convierte la protesta en delito. Los líderes sociales son etiquetados como «anti desarrollo», sus demandas se minimizan, y los medios construyen narrativas que los estigmatizan. Mientras, las empresas extractivas gozan de seguridad privada y los crímenes contra manifestantes quedan en la impunidad.
El precio de resistir
Hoy, Aduviri vive en la clandestinidad, pero no calla. Sabe que su caso no es único: Gregorio Santos, Marco Arana y decenas de líderes sociales del Valle de Tambo han enfrentado la misma maquinaria judicial. Para él, esta persecución es el precio por desafiar un sistema que protege a los poderosos y castiga a los pobres.
Mientras tanto, sus recursos judiciales llevan dieciséis meses paralizados: un recurso de casación duerme en la Corte Suprema y una demanda de agravio constitucional sigue estancada en el Tribunal Constitucional.
Mientras las víctimas del 9 de enero en Juliaca siguen esperando justicia por la represión del gobierno de Boluarte, y los soldados fallecidos en Ilave exigen verdad, la voz de Walter Aduviri persiste. Desde la clandestinidad, su testimonio se alza como un recordatorio incómodo: en el Perú, la justicia opera con dos varas de medir.
Una vara, flexible y complaciente con el poder: jueces como Óscar Ayestas, Roberto Condori y Javier Arpasi nunca citaron a declarar a Alan García y Miguel Hidalgo por su presunta responsabilidad en la quema de la Aduana de Puno.
Otra vara, dura e implacable: la misma que hoy persigue a Aduviri por una reparación civil imposible, mientras líderes políticos de la derecha y militares involucrados en crímenes gozan de impunidad o indultos.
