El reciente desalojo en el anexo de Pusa Pusa, provincia de Caylloma, Arequipa; ha generado una ola de indignación entre sus pobladores. Decenas de familias fueron desalojadas de manera extrajudicial por disposición del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), su Procuraduría Regional y la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), en un operativo ejecutado con violencia por la Policía. El objetivo: recuperar los terrenos donde se planea construir la Represa de Angostura del proyecto Majes Siguas II.
Sin embargo, los comuneros denuncian que el proceso estuvo plagado de abusos e irregularidades. Según relatan, 55 familias que cedieron sus tierras bajo promesas de pago justo, reubicación y restauración de su cuadro de vida fueron engañadas y despojadas de su único sustento.
“Es muy triste que el gobierno actúe con doble discurso. Nos prometieron reubicación y compensación, pero hoy nos golpean y destruyen nuestras casas”, declaró Félix Maximiliano Yanque Huanca, presidente de la Asociación de Propietarios Individuales Afectados por la Construcción de la Represa de Angostura.
Promesas incumplidas y abuso de poder
Los pobladores aseguran que el acuerdo original contemplaba tres compromisos claros:
- Pago de un monto económico por las parcelas cedidas.
- Transferencia del PB3 en Majes I para la reubicación de las familias.
- Restauración del cuadro de vida, con acompañamiento social y económico.
Estos compromisos están respaldados en procesos judiciales vigentes (Expedientes Contencioso Administrativos N° 2127-2021-0 y 2127-2021-04) y cuentan incluso con medidas cautelares de no innovar, que deberían impedir cualquier desalojo mientras no se cumplan.
Pese a ello, AUTODEMA y el GRA procedieron al desalojo, justificándolo con un escueto comunicado donde aseguran haber actuado “conforme a Ley y en defensa de los terrenos del Estado”. Los comuneros, en cambio, denuncian que fueron obligados a vender sus tierras a precios impuestos por el propio Estado bajo la amenaza de expropiación.
Un conflicto que escala
El jueves 11 de septiembre, un grupo de comuneros llegó hasta la sede del Gobierno Regional de Arequipa y protagonizó una medida de protesta para exigir justicia. Algunos incluso se encadenaron en la puerta principal como acto desesperado para llamar la atención de las autoridades.
“Nuestras tierras tienen un valor histórico y cultural, no solo económico. No entendemos la violencia de la PNP. Aquí lo único que generan es resentimiento y más injusticia”, agregó Yanque.
Lo que está en juego
El proyecto Majes Siguas II es considerado una de las obras agro-energéticas más importantes del país. No obstante, detrás de su construcción existe un largo historial de conflictos sociales, promesas incumplidas y denuncias por abuso de poder.
Los comuneros de Pusa Pusa insisten en que no se trata de invasores, sino de propietarios legales con acuerdos firmados y derechos reconocidos judicialmente. Hoy, desplazados de sus tierras, sobreviven en condiciones precarias, a la intemperie y sin recursos suficientes para sostener a sus familias.
“El Estado no puede justificar la inversión vulnerando derechos fundamentales. No somos ilegales, somos campesinos que dimos un sí al desarrollo con la esperanza de un futuro mejor, y lo único que hemos recibido es violencia y engaño”, concluyó el dirigente.
