Betssy Chávez es la única peruana que a la edad de Cristo (33 años) fue primera ministra. Hoy, ella debiera estar libre, pues el 20 de diciembre se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva que se le había impuesto.
Sin embargo, ella no va a poder reunirse con sus seres queridos en noche buena debido a que le han dado una pésima noticia. Pese a que ella carece de una condena y que su prisión preventiva ya ha expirado, el juez ha dictaminado arbitrariamente que ella debe seguir recluida en el penal de Chorrillos una semana más hasta esperar una nueva audiencia, ya que la fiscalía ha pedido extender otros 18 mes adicionales más su actual reclusión preventiva.
Se supone que una persona es inocente hasta que sea hallada culpable, pero en el Perú uno es encarcelado (y por largo tiempo) sin haber sido condenado. En otras naciones a las personas sospechosas se les recluye en sus domicilios, se les coloca grilletes electrónicos o se les obliga a ir a la comisaria cada día, semana o mes a firmar.
Sin embargo, a ella, al igual que al presidente constitucionalmente electo Pedro Castillo, se les sigue poniendo bajo “prisión preventiva” sin que haya ninguna sentencia firme en su contra.
Tanto ella como Castillo debieran hacer frente a las acusaciones que se les hace gozando de libertades. No obstante, ni siquiera quieren imponerles una prisión en su propia casa.
Un justificativo para la prisión preventiva es evitar el peligro de fuga. Empero, Betssy se dejó encarcelar en su nativa Tacna, en vez de haber viajado pocos kilómetros hacia Bolivia o Chile donde cualquiera de sus gobiernos izquierdistas le hubiese podido otorgar asilo.
Con estas arbitrariedades lo que la “justicia peruana” logra lo inverso de lo que planea: incentiva a que los condenados no quieran entregarse y que se den a la fuga.
Paradójicamente, andan libres todos aquellos que sí hicieron un golpe de Estado en 2020, 2000 y 1992, en los cuales muchos fueron baleados o muertos. Es más, muchos de ellos hoy cogobiernan en el poder ejecutivo o legislativo.
