La extensa perorata de Dina Boluarte trae algo nuevo: el llamado a una «tregua nacional» y «abrir mesas de diálogo». El resto de su conferencia siguió siendo agresivo y provocador a pocas horas de la marcha nacional en Lima.
Ese llamado a una «tregua nacional» puede entenderse como una concesión de quien se siente victoriosa o un signo que preanuncia el fin. En su alocución hay ambas cosas.
Pedir «perdón» por los «fallecidos» es una de las más agresivas. No asumió, por tercera vez, la responsabilidad de los asesinatos que ella ordenó. Fue más de lo mismo. Siguió el mismo guión de los mensajes anteriores.
Según su narrativa esos «fallecimientos» son responsabilidad de un «grupo violentista» que tiene una «agenda política propia». Ella no tiene nada que ver. Los responsables son los manifestantes. Ella está defendiendo a los 33 millones de peruanos.
Más provocadora y agresiva no puede ser. Es más, esa sí es su propia narrativa, fue explícita en decir -dejando a Bolivia de lado- que el narcotráfico y la minería ilegal estarían financiando las protestas en Puno y Andahuaylas.
Esa afirmación, sin duda, sacará chispas entre los aimaras y quechuas de Puno y los chankas de Andahuaylas. Que hay narcotráfico y minería ilegal en ambas zonas son datos macizos de la realidad de esas regiones.
Pero de ahí a vincular las protestas al narcotráfico y minería ilegal como las fuentes de financiamiento, es otra cosa. Que el dinero de ambas actividades delictivas fluya es otra cosa.
Es desconocer el autofinanciamiento comunal que es practica cultural (el ayni) que vienen desplegando desde que empezó las protestas. Y no ver la monumental viga que tiene el gobierno de Boluarte: está sostenido por el narcopoder fujimorista.
O cuando afirmó que «Puno no es el Perú». El contenido de esa frase resonó en las cabezas de los aimaras y quechuas del altiplano. Quedará endeble en la memoria de puneños y la mayoría de peruanos esa frase de odio y desprecio.
En suma, hay una mezcla de la «victoriosa» que da concesiones a los «derrotados», los manifestantes y de quien sabe que está llegando a su fin de casi inexistente (des)gobierno. Esa mezcla indica falta de horizonte (que nunca lo tuvo) y que no sabe que hacer para frenar el crecimiento de la insurgencia popular.
Afirmar que los que protestan, con paros, marchas, tomas de carreteras y aeropuertos y la destrucción de comisarías, juzgados y fiscalías, por más cuestionables que sean, tienen una «agenda política» que no entiende que quieren es -al igual que las demás afirmaciones- grotesco y grosero.
¿Cuál de las dos cosas es la que predomina? Sin duda alguna, la segunda: el preludio del fin. Lo que para ella es una «concesión», en realidad es el signo inequívoco que la caída de su gobierno está cerca.
Jaime Antezana Rivera