Una presunta organización criminal integrada por 15 personas —entre ellas el alcalde de Puno, funcionarios municipales, policías y un tramitador— es investigada por manipular sanciones de tránsito a cambio de dinero, en un esquema que habría permitido evitar castigos incluso en casos con consecuencias fatales.
De acuerdo con las primeras diligencias, la red, conocida como ‘Los Mandachitos’, operaba dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, donde se habrían anulado o “perdonado” papeletas graves vinculadas a conductores en estado de ebriedad.
El caso salió a la luz tras la recepción de una denuncia anónima en octubre de 2024, que alertaba sobre un sistema irregular para evitar sanciones. A partir de ahí, la División Contra el Crimen Organizado inició un seguimiento que incluyó registros de audio en reuniones entre presuntos intermediarios y funcionarios.
A lo que apunta la investigación es a un mecanismo estructurado. No era un hecho aislado, sino una práctica repetida. Los investigadores revisaron al menos 190 casos de sanciones que habrían sido anuladas de forma irregular.
Entre los hechos más graves figura el caso de un conductor que, en estado de ebriedad, causó un accidente fatal en agosto de 2024. Pese a que la sanción debía implicar la cancelación definitiva de su licencia, meses después esta aparecía como vigente en el sistema.
Situaciones similares se habrían registrado en otros casos donde conductores involucrados en hechos de alto riesgo no recibieron las sanciones correspondientes.
Según la hipótesis fiscal, los expedientes enviados por la Policía eran manipulados en el municipio, omitiendo deliberadamente la ejecución de las sanciones. Incluso, se habrían retirado documentos físicos de las oficinas para evitar controles internos.
Las coordinaciones, de acuerdo con la investigación, se realizaban a través de aplicaciones de mensajería, y ya se han incautado equipos que contendrían información clave.
Un aspirante a colaborador eficaz habría revelado que los pagos para “solucionar” estos casos oscilaban entre S/ 1,500 y S/ 4,000, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El Ministerio Público no descarta que se trate de una red organizada con roles definidos, orientada a obtener beneficios económicos a costa de la seguridad vial.
Al final, el punto es duro, pero claro: cuando se manipulan sanciones de tránsito, no solo se evade la ley, se pone en riesgo la vida de todos. Y eso es lo que ahora está en el centro de la investigación.
