Han pasado casi tres décadas. Y recién ahora llega una respuesta que, aunque no repara la pérdida, sí reconoce lo ocurrido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos Durand, víctima de una esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El fallo no solo alcanza a una familia. Abre una puerta para miles de casos que siguen esperando justicia.
Valiente. Emilia Monzón dice que su lucha no ha terminado. Espera que los culpables paguen. Foto: La República
Una lucha de casi 30 años
Emilia Monzón tenía apenas 8 años cuando perdió a su madre. Hoy, casi 30 años después, pone en palabras lo que significa este fallo.
“Fue una mezcla de emociones. Por fin se logró la justicia que tanto habíamos buscado, pero hay pérdidas que nada puede devolver”, cuenta.
A lo que va es simple, pero fuerte. La sentencia reconoce la responsabilidad del Estado, pero no devuelve el tiempo ni la vida que se perdió.
Durante todos estos años, Emilia y sus hermanas sostuvieron una batalla larga, muchas veces en silencio, enfrentando trabas institucionales y la indiferencia política.
“No dejamos de confiar en que la justicia llegaría”, dice.
Juntos. Alberto Fujimori posa al lado del exministro Alejandro Aguinaga, uno de los imputados. Foto: difusión
El caso que expone una política de Estado
La Corte IDH concluyó que lo ocurrido con Celia Ramos no fue un hecho aislado. Formó parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), aplicado en los años 90.
Según el fallo, existieron prácticas sistemáticas dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas sin información ni consentimiento.
Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lo explica claro: hubo presión, engaños y metas impuestas al personal de salud.
En el caso de Celia, la convencieron de someterse a una intervención minimizando los riesgos. Diecinueve días después, murió.
Día histórico. Marcia y Marisela Monzón, las otras hijas de Celia, el día en que se dio a conocer el fallo. Foto: difusión
Casi 4 mil casos siguen en investigación
El impacto del fallo no se queda en lo simbólico. Según María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS, actualmente existen 3.917 casos de esterilizaciones forzadas en etapa avanzada de investigación en el Ministerio Público.
Además, hay un registro de más de 7 mil víctimas, aunque estimaciones elevan la cifra a más de 300 mil personas afectadas.
A partir de aquí, el tiempo juega en contra. La Fiscalía tiene un plazo limitado para formalizar denuncias y avanzar hacia juicio.
Y hay preocupación. Si no se actúa a tiempo, los implicados podrían alegar vulneración al plazo razonable.
Un precedente que obliga al Estado
La Corte IDH no solo declara responsabilidad. También ordena reparaciones y exige que estos hechos no se repitan.
Eso implica investigar, sancionar y reconocer a las víctimas.
Pero, como dice Emilia, esto aún no termina.
“Hasta que el Estado se haga responsable completamente, no podemos hablar de justicia plena”, sostiene.
Y deja un mensaje que resume todo el proceso: seguir luchando, incluso cuando parece que no pasa nada.
Porque este fallo marca un antes y un después.
Pero también recuerda algo incómodo: la deuda sigue abierta.
